Primero fue el escándalo de la compañía Whitefish, contratada por la Autoridad de Energía Eléctrica dizque para ayudar a reparar el sistema eléctrico de la isla y que fue cancelado la semana pasada por directriz del gobernador Ricardo Rosselló Nevares luego de que comenzara a desatarse varias investigaciones federales sobre el origen y los términos de dicho acuerdo.
Ahora, como si fuera poco, una investigación originada en METRO saca a flote los entuertos del contrato que sostiene el Departamento de Educación (DE) con la empresa CSA Group. En este caso, la participación de esta compañía se concentraba en la inspección de las escuelas para “certificar” que estaban aptas para recibir a los estudiantes e iniciar clases.
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Tal y como ocurrió con Whitefish, tan pronto comenzó a ventilarse las nébulas del contrato de CSA Group el gobernador ordenó a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (AEMEAD) su cancelación, en este caso indicando su deseo de que las escuelas comenzaran a funcionar “lo más rápido posible”.
En un principio, el DE había indicado que las escuelas no abrirían hasta tanto no fuera ordenado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), valiéndose, previamente, de la evaluación que realizara CSA Group.
Mas cuando comenzaron a sonar las sirenas de un nuevo escándalo, el director de operaciones de contingencia de la USACE, José Sánchez, desmintió en una conferencia de prensa a las autoridades del DE y dijo que su organismo no tenía nada ver con la determinación de abrir o no las escuelas.
Entonces, ¿quién dice la verdad? Haciendo coro a la declaración del funcionario federal, tanto el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, como el secretario de la Gobernación, William Villafañe, indicaron por separado que el rol de la USACE se limitaba solo a la presentación de una certificación en torno a las condiciones de la planta física de los planteles. Nada que ver con iniciar o no las clases.
Sin embargo, en la práctica ocurría lo contrario. Era CSA Group, según las expresiones de la secretaria de Educación, Julia Keleher, quien decidía el calendario de apertura de las escuelas.
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Ese protocolo, en cambio, se presentaba como un ejercicio novel y algo sospechoso, según lo declaró en varios medios informativos la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, profesora Aida Díaz, al indicar que en su experiencia como docente y líder gremial esta es la primera vez que, tras un desastre natural, el gobierno establece tantas trabas para reiniciar el curso escolar.
Tal y como reseñó METRO, el contrato de CSA Group fue todo un misterio hasta que la discusión pública forzó su cancelación. Tampoco apareció un funcionario público que explicara cómo esa empresa logró agenciarse un contrato con el DE y cuáles eran, con especificidad, las tareas que tenía asignada. La misma historia ocurrió con el escándalo de Whitefish.
Son, precisamente, esos enigmas en el manejo de la crisis post huracán María lo que va minando la credibilidad del gobierno y, a su paso, quiebra la imagen del gobernador y su gabinete.
En momentos en que el país necesita reestablecer con urgencia sus servicios básicos para comenzar a sentir algún grado de normalidad, transcurrido más de un mes del desastre, no debe haber espacio para tantos intermediarios diciendo que hacen cuando no hacen nada.
Lo que a todas luces figura es que hay quienes se están beneficiando de la crisis del país. Esta tragedia parece ser muy rentable para los bolsillos de un puñado de compañías e intercesores que necesitan extender la tragedia para hacer crecer sus arcas.
¿Cuánto de esto ha sido consentido por el gobernador? ¿Quién maneja los entresijos de tantas contrataciones inoficiosas que no hacen más alargar la agonía de la población que urge el restablecimiento de los servicios esenciales? ¿Cuánto de estos escándalos que poco a poco van floreciendo son daños auto infligidos al gobernador?
Lo peor es que parece que quedan más líos por descubrirse. Mientras el país sufre, hay quienes se enriquecen de la tragedia.
