Era cuestión de tiempo. Por más que los funcionarios de La Fortaleza se empeñaron en defender el misterioso contrato que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le otorgó a la desmañada empresa estadounidense Whitefish Energy, se veía venir su pronta cancelación.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares no tenía muchas salidas ante el escándalo que tal contratación provocó dentro y fuera de Puerto Rico, lo que atisbaba convertirse en el primer gran conflicto con visos de corrupción que caía sobre los hombros del primer ejecutivo, quien aún no cumple su primer año de gestión pública.
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Desde que comenzaron a ventilarse los entuertos de esa contratación, varias de las figuras más cercanas al Gobierno salieron a defender lo indefendible. Muchos disparataron intentando explicar las “bondades” de esa inexperta compañía, mientras otros, los menos, comenzaron a esconderse debajo de la alfombra para evitar sucumbir ante un problema difícil de escudar.
En la medida que crecían los cuestionamientos de ese contrato, sobre todo desde la capital estadounidense, funcionarios locales iban poco a poco cambiando sus versiones. Al final de la semana pasada, por ejemplo, parecía que Whitefish Energy era una compañía arribada a Puerto Rico por arte de magia; nadie podía precisar quién recomendó sus servicios a la AEE y mucho menos qué criterios pesaron en el director de esa corporación pública para otorgar un contrato con cláusulas confusas y contradictorias.
Desde que azotó la controversia sobre esa contratación, que sumaba $320 millones, las voces que lanzaron cuestionamientos fueron tan diversas como complejo es el tema sobre cómo restablecer la red eléctrica del país.
Hubo expresiones contra ese acuerdo que corrían desde sectores laborales dentro de la AEE, expertos en procesos energéticos, políticos de oposición, líderes del partido de gobierno, congresistas estadounidenses —demócratas y republicanos—, funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y hasta representantes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Otros, los más aguerridos y defensores de todo lo que gestiona el Gobierno, porque viven del ruido de los dimes y diretes de la politiquería, salían a bombardear las ondas radiales para defender las “grandezas” de la empresa de los pescados blancos.
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Ahora ese capítulo parece cerrarse. E hizo bien el gobernador al tomar la determinación de cancelar de manera inmediata el millonario contrato de Whitefish Energy, que iba a dirigido dizque a ayudar a reparar el sistema eléctrico de la isla.
La instrucción del mandatario fue dirigida a la Junta de Gobierno de la AEE basado, según el comunicado circulado por Fortaleza, en “las informaciones que han trascendido y con el objetivo de proteger el interés público”. Pero lo más importante de esa comunicación fue el señalamiento del jefe del Estado reiterando que a él nunca nadie le consultó sobre el acuerdo con esa compañía oriunda del estado de Montana y que carga una historia de múltiples cuestionamientos.
Para proteger su imagen de lo que se avecinaba como un escándalo mayor, y evitar un corrientazo mayor, Rosselló Nevares aprovechó la ocasión de la suspensión del contrato de Whitefish Energy para designar un síndico que asuma las riendas en la Oficina de Compras y Contratos de la AEE.
Sin embargo, lo que pasó por alto el gobernador fue dejar fuera de la lista de asuntos relacionados con la AEE la destitución de su director ejecutivo, Ricardo Ramos. Por el contrario, indicó que el funcionario continuará al frente de esa corporación pública.
Erró Rosselló Nevares al no aprovechar la oportunidad y limpiar la casa de la AEE de quien, sin dudas, continuará provocándole dolores de cabeza. Y es que el señor que dirige esa entidad se ha convertido en una figura de poca credibilidad; un individuo arropado por un aura oscura que revela las sombras de quien tiene varias cartas sobre la manga para manejar una agenda colmada de intereses personales.
No es para menos. Antes de llegar a la AEE, Ramos, cuyo nombramiento se dice fue impulsado por Elías Sánchez, estaba relacionado con proyectos de energía renovable y trabajó para varias empresas cuyos representantes se han convertido en los principales proponentes de la privatización de la corporación pública.
Hace mal Rosselló Nevares al no tomar acción contra el funcionario que lo enredó en el lío del contrato de la empresa Whitefish Energy. El mismo que mintió públicamente, tergiversó hechos para asentarse en su puesto y quien, por extraña razón, parece sentirse intocable.
