Por: Denis Márquez Lebrón
Luego de más de un mes del devastador huracán María la gran mayoría del país continúa sin servicio eléctrico, con graves consecuencias en la vida diaria de miles de familias, afectando personas con condiciones de salud, agravando la situación en hogares de envejecientes, la educación de jóvenes y niños, la prestación de servicios médicos. Ver a través de las redes sociales a cirujanos operando con linterna en mano, es un vivo ejemplo de la precariedad del sistema eléctrico y la necesidad imperante de que se restablezca.
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Esta situación ha empeorado la maltrecha situación económica de la isla. Un recorrido por las calles del país nos muestra un cuadro desolador de comercios e industrias cerradas, provocando pérdida de empresas, ausencias de recaudo de contribuciones y sobre todo la pérdida de empleos e ingresos de muchos de trabajadores y trabajadoras. Aunque existen empresas funcionando, muchas lo hacen mediante el uso degeneradores de energía que se han convertido en “fuentes permanentes” con los efectos económicos al comercio, al ambiente y a la salud que esto provoca.
Durante años diversos sectores hemos denunciado el desastre de la AEE, su politización, el inversionismo político, la falta de mantenimiento a su infraestructura y su sistema, el robo millonario de la gestión de control de la empresa el cuatrienio pasado en beneficio de los bonistas y en perjuicio de la corporación y del país.
Ahora, post huracán, el gobierno todos los días, nos presenta un capítulo diferente de esta tragicomedia. El episodio de Palo Seco, donde la UTIER desde el principio denunció que se podía encender para proveer energía al área norte del país, sin embargo la gerencia de la autoridad no aceptó la propuesta de los trabajadores que recientemente fue confirmada por el Colegio de Ingenieros, en un informe en el cual determinaron que con unos arreglos, la planta puede estar en funcionamiento en 21 días.
No obstante, el gobierno ha optado por otorgar un contrato de $300 millones de dólares a la compañía Whitefish EnergyHoldings LLC –vinculada con el Partido Republicano de los Estados Unidos- que ha despertado sospechas incluso en el Congreso americano.
Por último, la Junta de Control Fiscal en un despliegue bochornoso de su poder, le impuso un síndico administrativo a la AEE, a cambio de autorizar las asignaciones de dinero para restablecer el servicio eléctrico. Se trata de la colonia es su máximo esplendor con el nombramiento del pro cónsul de la Junta.
Para contrarrestar esta desgracia, el 17 de octubre radiqué las Resoluciones de la Cámara 563 y 564, que buscan establecer el enfoque de política pública energética que debe adoptar Puerto Rico a la luz de los hallazgos de investigaciones recientes realizadas por expertos en ingeniería eléctrica del Recinto de Mayagüez y realizar una Sesión Especial de Interpelación al Director Ejecutivo de la AEE, para requerir información sobre el estado actual del sistema eléctrico; en qué etapa se encuentra el proceso de energización del país; cuál ha sido el rol de las compañías privadas de energía eléctrica en la energización del sistema y qué procesos se han seguido para su contratación; el estado actual de la central eléctrica de Palo Seco; entre otros asuntos relacionados con el servicio eléctrico del país.
Los ciudadanos, el comercio, las universidades, los hospitales, la industria, los sectores de educación, en fin el país entero exige el restablecimiento de la energía eléctrica, pero también es necesario claridad y transparencia en la gestión pública.
