Tras el paso del huracán María por la isla, se ha comenzado a debatir el estatus de la la Ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Hay personas que entienden que el futuro de estos elementos, que inciaron el año pasado, está destinado a su desaparición tras la devastación de isla. Otros indican que sufrirá cambios sustanciales, pero no anticipan su desaparición.
Yo me inclinaría a coincidir con esa última línea de pensamiento. El Huracán María borró momentáneamente gran parte de nuestra vegetación, desapareció residencias y otras cosas, no obstante, no borró ni desapareció la deuda de sobre 72 billones que tiene Puerto Rico con sus acreedores. Parte de esa deuda ya está en los tribunales utilizando como herramienta, precisamente, el Título III de la ley PROMESA. Si desaparece dicha ley, desaparece la herramienta que brindó el Congreso estadounidense para manejar ese y otros asuntos, por lo que la isla no tendría dicho título, no estaría cobijada por la ley de quiebra federal, ni una local. Si la legislatura de Estados Unidos elimina esa ley, no se borra la deuda.
De otra parte, con la isla afectada, con su sistema eléctrico en el piso, una herida económica que se abrió más tras el paso del huracán, es inminente la llegada de billones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos para la recuperación de la isla. Es obvio que la decisión del Congreso de incluir a la JSF en la ley PROMESA tiene que ver con la forma y manera en que Puerto Rico ha manejado las finanzas gubernamentales. Se entiende hay un nivel de desconfianza en que el gobierno (sin consideración partidista de quién esté gobernando) pueda manejar efectivamente las finanzas, por lo que se determina crear un supervisor, que es la junta.
Debo suponer que si el gobierno norteamericano vá enviar dinero al gobierno puertorriqueño para la recosntrucción del país, debe asegurarse que el mismo sea invertido correctamente. La forma de tener el mayor nivel de garantía de que eso sea así es manteniendo la supervisión. No creo sea lógico pensar que antes del impacto del huracán el Congreso no confiara en que la isla pudiera manejar sus finanzas acertivamente, y luego del paso del fenómeno, entonces entiendan que ya no se necesita dicha supervisión. Como les indico, me inclino a pensar que enviarán la ayuda, mucha o poca, pero mantendrán la supervisión de cómo se maneja el dinero.
La Ley PROMESA tiene unas metas fijadas y mientras no se altere el propósito de la ley, y sus intenciones, se debe entender que las mismas siguen vigentes. Obviamente sí, deben alterarse fechas, ejecuciones del Plan Fiscal del Gobierno, entre otras cosas. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan (R-Winsconsin), confirmó en su visita a la isla que la JSF se mantendrá: “Es claro que mirando al futuro, la Junta va a tener que adoptar un rol constructivo para asegurar que la asistencia que se provea en el futuro se implemente bien y tendrá que ayudar a que se diseñe de la manera adecuada”, dijo a preguntas de un medio.
Esas expresiones de Ryan validan que tanto la Ley PROMESA, como la JSF no están en la mira del Congreso para desaparecerlas tras el paso del Huracán María. ¿Alteraciones para ajustarlas a la nueva realidad de Puerto Rico tras la devastación? Eso sí puede ocurrir, pero no vislumbro altere el propósito y la misión principal de la ley.