El balance final de la devastación que dejó el huracán María por Puerto Rico aún está por verse. Este fenómeno natural, el más destructivo que se ha registrado en nuestra historia contemporánea, arrasó con la isla dejándonos desprovistos de energía eléctrica y agua potable, al tiempo que reveló la fragilidad de los sistemas de comunicación que, a dos semanas de su paso, todavía mantiene a muchos barrios y sectores urbanos, principalmente fuera del área metropolitana, incomunicados.
Según transcurren los días, y mientras más nos apartamos de las fronteras de San Juan, la magnitud del desastre que estamos viviendo se torna más dolorosa. Los relatos y las imágenes de esta tragedia se zurcen entre el sufrimiento, la desesperación y la molestia de quienes se sienten aturdidos ante el desamparo. Dominan las miradas de tristeza, frustración e impaciencia de los que aguardan largas horas en una fila para obtener algunos galones de gasolina, entrar a un supermercado, al banco o a una farmacia.
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Lo que vemos y escuchamos no alcanza para dar idea del padecimiento humano que se vive en la isla. Los llamados de auxilio, que solo encuentran eco en los medios informativos, principalmente en la radio, se contraponen a los intentos del Gobierno por enmascarar su deleznable aptitud para reaccionar a la emergencia y responder con certeza a las necesidades de los más afectados.
Mas la tragedia se percibe mayor cuando divisamos que tras cada conferencia de prensa realizada por funcionarios públicos desde el Centro de Operaciones de Emergencia salta a la superficie cómo se desvanece la idea de que existe un plan estratégico estructurado para manejar la crisis.
Peor aún, poco sabemos de quiénes son los que realmente mantienen el control de las operaciones de ayuda a los damnificados y dirigen las tareas para restablecer los servicios esenciales del país. Parece que tras bastidores se ventea una lucha de poder entre las autoridades locales y federales para ocupar el frente en la línea de acción y llevarse las alabanzas de la población.
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El gobernador Ricardo Rosselló se las juega todas. El mandatario, que mantuvo control de la escena informativa en la víspera y durante el paso del huracán, y ha mostrado buen manejo en el arte de comunicar, hoy vive días difíciles.
Hay fallos en las respuestas del gobierno para atender las zonas más críticas del país. Amplios sectores de nuestra población están, literalmente, viviendo bajo el fango, con sus residencias destruidas e incomunicados. Cientos de parcelas han perdido sus puntos de colindancia, decenas de carreteras, urbanas y rurales, están obstruidas, impidiendo la comunicación y el acceso de ayuda temporal que con tanta ansiedad se espera.
Miles de ciudadanos no tienen servicios de salud mientras medios informativos alertan de la existencia de brotes de conjuntivitis, gripes e impétigos. Y ni hablar del grave problema que representa para la salud pública el aumento en el número de fallecimientos que, en muchos casos, son cuerpos que no han podido ser removidos y trasladados a medicina forense.
La desolación se evidencia en los rostros de la gente y para muchos estamos en la primera etapa de un largo proceso de desarraigo que pudiera persistir por meses. Las necesidades aumentan, poniendo en evidencia que tanto las autoridades gubernamentales locales y federales deben mejorar sus procedimientos de cómo atender las urgencias de la población.
Hay gente que no puede esperar ni un minuto más por recibir ayuda. Hay comunidades que requieren de alguna respuesta, de un rayo de luz.
Las heridas que ha provocado el huracán María tardarán en cerrar, pero en el ínterin el gobierno tiene que actuar con sentido de urgencia para que la ciudadanía gané confianza en sus planes de acción para atajar la crisis y lograr cierta estabilidad.
La devastación de este huracán ha sido severa y nadie en la isla estaba preparado para recibir este embate. Estamos ante una verdadera crisis humanitaria. Por eso, es mayor la responsabilidad que tienen las autoridades gubernamentales para trabajar con eficiencia hacia la reconstrucción nacional y para reparar nuestra infraestructura física y social.
