Rosselló vs. La Junta y los ejecutivos del jangueo

Aprovechándose de la campaña publicitaria para confundirnos, Rosselló y la Junta continuaron con el "libreto" de acusaciones. Lee la columna de Jerohim Ortiz Menchaca

Rosselló vs. La Junta y los ejecutivos del jangueo

La pugna entre la Junta de Control Fiscal y el gobernador Ricardo Rosselló por la reducción de la jornada laboral es más falsa que el libreto de la campaña publicitaria del reconocido ron, los ejecutivos del jangueo.

Tiene más de espectáculo que la pelea de Floyd Mayweather y Conor McGreggor.

Si no me cree, le invito a que analicemos los hechos.

El 13 de marzo el organismo dictador impuso su primer Plan Fiscal. Según se recoge del informe ejecutivo publicado, la aprobación del plan del gobernador estuvo sujeta a "unas estrictas condiciones con las que el gobierno deberá cumplir".

La resolución dice que, para evitar la implementación de la reducción de la jornada laboral, el gobierno tendría que lograr una reserva de fondos en el Departamento de Hacienda por $200 millones y ahorros antes de que culminara el pasado año fiscal por otros $500 millones.

Hasta ese momento, no surge de la prensa o algún documento público que el gobernador levantara objeciones o cuestionara el poder de la Junta. Todo lo contrario, celebró su aprobación con un discurso ofrecido desde el Jardín Hundido de La Fortaleza junto a todo los miembros de su gobierno.

Sobre las condiciones de la Junta para aprobar el plan (las cuales no mencionó directamente) dijo: "Me aseguraré de que tengamos el dinero líquido suficiente para no afectar el salario de los empleados públicos".

El 4 de agosto, la Junta ordenó la reducción de la jornada laboral a partir del 1 de septiembre.

Fue entonces que el gobernador rasgó sus vestiduras. Dijo que jamás la implementaría, incluso si un tribunal lo ordenaba, y que estaba dispuesto a ir preso por desacatar una orden de la Junta.

La actitud valiente y firme duraría muy poco.

Esta semana la Junta demandó al gobierno reclamando la implementación de la reducción de la jornada para todos los empleados públicos, porque no se lograron los ahorros necesarios y la medida estaba contemplada en el Plan Fiscal que se "negoció".

El gobernador asegura que esto es falso. Pero hay que preguntarse, ¿por qué no contestó la demanda que radicó la Junta en su contra y permitió que venciera el plazo que otorgó el tribunal para refutarla?

La consecuencia de tal acción es que el gobierno se allanó a que se resuelva la controversia únicamente bajo las alegaciones y argumentos que sometió la Junta de Control Fiscal.

Si la negociación nunca se dio, ¿por qué no acaba de revelar el borrador del Plan Fiscal original y el presupuesto que presentó a la Junta? ¿Por qué esconderlo si es ahí donde se puede resolver la disputa?

Por otra parte, el presidente de la Junta, José Carrión III, que estuvo de gira mediática dijo que tenía prueba que comprobaba la falsedad del gobierno.

Entonces: ¿Dónde está la evidencia? ¿Por qué no la llevó a sus múltiples entrevistas? Si realmente quiere desmentir al gobierno, ¿por qué lo protege ocultando la información?

La respuesta es sencilla. No existe el enfrentamiento. Todo es parte de un libreto. El propósito ulterior es distraer y confundir. Por eso nadie muestra evidencia de nada.

Mientras nos perdíamos en esa discusión, la Junta tomó la decisión de dejar sin efecto una ley que protegía a los pacientes contra los fraudes de las aseguradoras médicas. A pesar de las múltiples entrevistas que otorgó José Carrión III, nadie lo cuestionó con dureza sobre sus más que aparentes vínculos económicos con las aseguradoras que ahora protege.

Mientras nos perdimos en el frenesí de una pésima campaña publicitaria salía a relucir que la Junta privatizará varias corporaciones públicas, y que experimentaremos aumentos en las tarifas que actualmente pagamos.

Mientras nos burlábamos del strong social media game de muchos y la decisión de algunos de "vivir para la noche" el gobernador y la Junta se reencontraban nuevamente al final del camino.

Ricardo Rosselló admitió que se allanaría a lo que determinara el tribunal porque "somos una jurisdicción de ley y orden" mientras la Junta advertía que si se dilataban los procesos quizás la reducción no sería de 10% sino de 20%, como se había planteado originalmente.

Por un momento pensamos que el gobernador dejaría a un lado las negociaciones con la Junta. Que enfrentaría su poder sin ambages y llegaría hasta el Congreso reclamando el fin de esta injuria que nos esclaviza y hace pagar la crisis a quienes nada tuvieron que ver con ella.

¡Que tontos fuimos! Nunca existió ese encontronazo. Por el contrario, el Congreso, la Junta y el gobierno son los que llegan juntos al jangueo para ser los masters de la noche luego de habernos explotado.