Borrachera de poder

Lea la opinión de Hiram Guadalupe

Por Hiram Guadalupe

La sed de poder es camino fácil hacia el despotismo y la tiranía. Y sobre ese particular, en días recientes presenciamos varios acontecimientos que deben convocarnos a la reflexión porque dejan al descubierto cómo la petulancia desemboca en determinaciones que atentan contra los más elementales principios de la democracia.

Veamos, por ejemplo, la decisión asumida por la nueva gerencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al despedir injustificadamente al director interino del periódico Diálogo, el periodista Víctor Rodríguez Velázquez.

Este caso no se trata solamente de la destitución de un empleado que forma parte de la lista de sujetos de “confianza” de los regentes de la UPR. El fulminante despido de Rodríguez Velázquez responde a la intervención —indebida— de los administradores de turno de la universidad en la independencia editorial de ese periódico digital.

Lo que hay detrás de esta movida es, simple y llanamente, un acto de censura. Sí, censura, ya que la decisión se reduce a la incomodidad del nuevo presidente de la UPR, el dentista Darell Hillman Barrera, porque en el contenido informativo de Diálogo se incluyó una nota sobre el escándalo público que generó el anuncio de su aumento salarial. Un aumento que, dicho sea de paso, excede el tope de compensación que establece la reglamentación de la institución.

A solo tres días de la publicación de la historia, Rodríguez Velázquez, que pronto cumpliría su primer año al frente del periódico, recibió una breve carta en la que se le informaba su despido con efectividad inmediata.

No hay que ser genio para leer las motivaciones de la administración universitaria al tratar de controlar el contenido editorial de Diálogo. Tampoco es la primera vez que los directivos de la UPR van contra los jefes editoriales de esta publicación pretendiendo que este sea un boletín de relaciones públicas institucionales.

Quienes piensan que Diálogo se prestará para hacerle relaciones públicas a la administración de turno desconocen los cánones de ética y la integridad periodística que distinguen, y han distinguido, al grupo de profesionales que integran esa plantilla laboral, incluyendo a sus estudiantes de práctica.

Hizo bien la Asociación de Periodistas de Puerto Rico al repudiar las acciones de Hillman Barrera y condenar “cualquier acción dirigida a coartar la libertad de prensa”.

“Es inaceptable que los círculos de poder utilicen sus puestos para censurar a periodistas y medios por realizar su trabajo. Aunque la administración universitaria pretenda negar lo evidente, son obvias las razones para despedir a este colega”, expresó la presidenta del gremio, Damaris Suárez.

Pero este incidente no ha sido el único en el que ha quedado evidenciada la borrachera de poder de algunos funcionarios. Los efectos de tal tiranía llegaron a la sede del Conservatorio de Música de Puerto Rico, institución que se enfrentó a las acciones despóticas del nuevo presidente de su Junta de Directores, un joven desconocido e inexperto de nombre Noel Matta.

Aunque el incidente que protagonizó el susodicho le costó la inmediata remoción de su cargo, las horas en que estuvo al frente del cuerpo directivo fueron más que suficientes para cristalizar lo que son capaz de provocar las acciones que se derivan del abuso de poder y la opresión.

En este caso, el desmañado jovenzuelo visitó al rector del Conservatorio, Pedro Segarra Sisamone, para hacerle saber que como su nombramiento respondía a su cercana relación política con el gobernador y con el partido de turno, las decisiones que se tomaran en la institución debían obedecer a los mandatos de La Fortaleza.

Por suerte, el rector no se intimidó y, además de renunciar a su cargo como acto de protesta, reveló al público el detalle de la conversación con el joven Matta. Funcionarios del Palacio de Santa Catalina no tuvieron otra salida que pedir la renuncia del recién nombrado directivo de la Junta para salir del atolladero.

Al reseñar estos sucesos hay algo que no deben olvidar los funcionarios públicos. El respeto a las diferencias, al libre pensamiento, a la pluralidad de ideas y a la democracia son los mínimos denominadores que se deben defender para garantizar nuestra convivencia colectiva. Obviarlo es un error que tiene un alto costo político.

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