El país que conocemos ha dejado de existir. Esa afirmación se torna cada vez más cercana a la verdad. Tras años de malos manejos y una estructura económica caduca que no permite el acceso a herramientas para salir del entuerto. Nuestro rompecabezas nacional comienza a desmoronarse para dar paso a una nueva realidad que, de seguro, estará por definirse.
Y los municipios no son excepción. Ya lo adelantaba el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz. Tras el azote que supuso la eliminación de $350 millones de fondos municipales y la desaparición de los fondos de los ayuntamientos depositados en el Banco Gubernamental de Fomento, ahora más que nunca queda en evidencia la fragilidad de una estructura que cobija 78 municipios en un espacio geográfico reducido. Pero, como ha sido el caso con otros de nuestros problemas actuales, el asunto de la administración municipal ya se había advertido. Y más de una posible solución había sido puesta sobre la mesa; si no, busque en la historia reciente, en febrero de 2014 para ser exacto. Para entonces, un grupo de la Escuela de Administración Publica de la Universidad de Puerto Rico, dirigido por la profesora Palmira Ríos, presentó un informe que le fue comisionado por la Legislatura con el propósito de proponer un nuevo modelo municipal.
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El informe concluyó que era preciso revaluar no solo la estructura municipal vigente, sino también la Ley de Municipios aprobada en 1991. Desde el punto de vista de quienes subscriben el informe, esa ley, aun cuando fue beneficiosa al momento de su creación, debía ser revisada tras más de 20 años de vigencia. Según se aseguraba, los municipios recibieron amplios poderes, pero ellos no llegaron acompañados con los recursos para ejercerlos de manera eficiente. En lugar de los 78 municipios, se proponía una estructura de ocho regiones administrativas, aunque inicialmente contenidas en tres regiones piloto para facilitar la transición. Esas regiones piloto serían la región centro, compuesta por Aibonito, Barranquitas y Cayey; la región este, compuesta por Aguas Buenas, Caguas, Cidra, Gurabo, Juncos y San Lorenzo, y la región oeste, compuesta por Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, Quebradillas, Rincón y San Sebastián. Los municipios agrupados utilizarían el modelo de cost sharing en el que se compartirían gastos, sobre todo a nivel administrativo. Los alcaldes no desaparecerían, pero sí serían revisadas sus funciones, que estarían subordinadas a cada región autónoma, que estaría compuesta por los alcaldes de la región, un representante sin voto del Gobierno central y hasta dos representantes del interés público. En el tope de la estructura, un administrador que sería escogido por las juntas en cada región autónoma.
Hoy que se retoma la discusión del futuro de la administración municipal y cuando parece más que evidente la inviabilidad de más de un ayuntamiento para mantener su capacidad administrativa y fiscal, no parece necesario volver a inventar la rueda. Los estudios están hechos y parecen validados por la experiencia de otras jurisdicciones y el conocimiento de peritos en la materia. A desempolvar estos estudios y a dar paso a una reorganización territorial que parece impostergable e inevitable. ¿Que si será doloroso? Sin duda. Sobre todo para los alcaldes acostumbrados al poder que confiere la actual organización territorial. Pero es momento de hacer contacto con la tierra y descubrir que, en más de un caso, ese poder municipal está anclado en un recuerdo de tiempos mejores.
