Niños sacrificados

Lea la opinión de Armando Valdés Prieto

Niños sacrificados

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, dijo esta semana algo verdaderamente sorprendente. En una entrevista el lunes, 7 de agosto, con Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, relató un intercambio con algún miembro sin nombrar de la Junta de Supervisión Fiscal. “Cuando yo le pregunto a la Junta por qué nuestros niños van a ser afectados, la respuesta de la Junta fue, ‘pues, los niños también tienen que hacer sacrificios’”, contó Díaz. Ningún representante del cuerpo rector de nuestras finanzas públicas ha confirmado o desmentido dicha aseveración, sin embargo, amerita un análisis concienzudo.

Podemos estipular que nuestro niños no deben ni tienen porqué hacer sacrificio alguno. Son ellos los únicos verdaderamente inocentes en todo este lío fiscal en el que nos encontramos. Si logramos salir de esta encrucijada, será precisamente porque nos habremos sacrificado nosotros por el bien de ellos. Y ahí sí no pueden haber paños tibios ni términos medios; el sacrificio tiene que ser absoluto. Si es por el bien de futuras generaciones, tendremos que sacrificarnos los profesionales, los trabajadores, los ricos y los pobres, los pensionados, los empleados públicos y los del sector privado, los maestros y los administradores. Nuestros niños son la esperanza de que Puerto Rico puede salir adelante.

Decía Kike Cruz esta semana en NotiUno que a diferencia de Venezuela, con sus inmensas reservas de combustibles fósiles, “nuestra gente es nuestro petróleo”. Tiene razón. La reestructuración de la deuda es un primer paso para reencaminar la economía de Puerto Rico, pero será insuficiente si no hay desarrollo económico. Y solo lo habrá si nuestra gente está preparada para enfrentar los retos de la globalización, el cambio climático, la automatización y la inteligencia artificial. Tendrán que ser seres humanos formados para aspirar a la excelencia, a la superación, a la autosuficiencia, al empresarismo y al aprendizaje continuo.

Recuerdo que en mi humilde hogar en Levittown, mis padres hacían cualquier sacrificio por enviarme a colegios privados. De ahí, lograron que estudiara afuera y eventualmente que llegase a ser el primero en mi familia en graduarme de universidad. Ese ejemplo se repite en cientos de miles de hogares a través de todo nuestro país, y aun quienes envían sus hijos a una escuela pública – de las cuales hay muchas buenas – hacen sacrificios indecibles para que sus hijos vayan bien vestidos, calzados y equipados a su primer día de clases.

Lamentablemente, han sido nuestros niños quienes precisamente han tenido que sacrificarse, y no solo desde que llegase a gobernar la Junta. Por décadas ya, el sistema de educación puertorriqueño se ha enfocado más en su autopreservación que en la preparación de nuestros hijos e hijas. Poco se habla del aprovechamiento académico y del derecho del estudiante a una educación libre, y mucho de los convenios colectivos y los derechos adquiridos.

¿Hacia dónde debe dirigirse ese sistema? A un desmantelamiento total del Departamento de Educación como existe hoy. No hay razón para una burocracia que pretende dirigir desde Hato Rey hasta el más mínimo detalla de la operación de más de 1,000 planteles escolares. Igualmente, no hay razón para que existan dos capas incongruentes de administración debajo del nivel central: las regiones educativas y los distritos escolares. Estos dos engendros no se hablan, en teoría tienen responsabilidades distintas y ni siquiera corresponden geográficamente las unas con los otros. Las únicas funciones imprescindiblemente centrales son las de recibir y canalizar fondos federales, y establecer la política pública y curricular.

Ayer, la Secretaria de Educación dio un paso en la dirección contraria. Julia Keleher dijo que a sus diversas responsabilidades añadiría ahora ser la de directora de no una, no dos, sino tres escuelas públicas. Este anuncio no solo resulta humillante para los cientos de directores escolares en el sistema – “yo puedo ser Secretaria, oficial de reestructuración del Departamento y dirigir tres escuelas” -, sino que también reduce el trabajo de quienes a diario tienen que administrar los planteles a uno que se puede hacer a control remoto y a tiempo parcial desde San Juan.

Lejos de minimizar este rol crucial en las escuelas, deberíamos buscar cómo darles más poder a los directores. Los padres que envían a sus hijos a colegios privados, lo hacen conscientes de que la autoridad máxima en dichas instituciones es el director o, en algunos casos, una junta de padres. No existe un nivel burocrático superior. Y aun así, cientos de miles de padres prefieren sacar de sus menguados salarios algo adicional para, en vez de enviar a sus hijos a una escuela pública por la que también pagan a través de sus contribuciones, mandarlos a un colegio privado.

¿Por qué podemos confiar en el director de un colegio laico o religioso pero no en el de una escuela pública? ¿No haría más sentido redirigir los recursos al plantel escolar? ¿Por qué no permitir que el director contrate a los maestros, a los conserjes y al personal de comedores, y que compre con su propio presupuesto los libros y el papel higiénico?

Un sistema en el que las escuelas vuelvan a ser maquinarias de superación tiene que ser nuestra aspiración colectiva y, como sociedad, tenemos que sacrificarlo todo por lograrlo.