Cuando comenzamos la honrosa, pero ardua, tarea de construir un nuevo Puerto Rico, reconocimos que enfrentaríamos grandes luchas para rescatar nuestra Isla del abismo al que nos había llevado la pasada administración, a la misma vez, que a un nuevo ordenamiento como consecuencia de la aprobación de la llamada Ley PROMESA y el establecimiento de una Junta de Control Fiscal. Aún cuando desde su creación comprendimos las razones para la existencia de la mencionada Junta, siempre sostuvimos que la misma, por el propio espíritu de la Ley que le creaba, debía servir como ente facilitador del progreso y desarrollo de nuestras comunidades, al igual que un aliado para el bienestar general de los y las residentes del archipiélago. Ello, mientras se atendiera con premura y de manera consistente la maltrecha y precaria situación fiscal heredada de una administración inmediatamente anterior que, habiéndose atrevido a proclamar haber “salvado” las finanzas del gobierno, lo que hizo fue hacer más pesado e incómodo el centenario yugo que representa nuestra situación colonial.
Hoy en las noticias, a pocos días del comienzo de clases y teniendo ante nosotros una cantidad de razones por las cuales nuestra gente puede sentirse orgullosa de haber retomado como Pueblo la ruta de progreso que anhelamos al avalar con su voto el Plan para Puerto Rico, nos seguimos topando con la insistencia de un sector en cambiar nuestro derrotero. No lo van a lograr. Nuestro norte es real, nuestra ruta está establecida y nuestro paso sigue siendo firme. Hemos actuado a la altura de los tiempos y de conformidad tanto a nuestro Plan para Puerto Rico como al Plan Fiscal avalado por la Junta de Control Fiscal. Querer imponer ahora restricciones y enmiendas, sin que se dieran las condiciones previamente establecidas para sugerir mayores ajustes es a todas luces, un esfuerzo concertado para desacelerar el ritmo que llevamos en nuestra encomienda. Peor aún, para que nuestra gente continúe navegando contra una tempestad de los que adelantan sus agendas personales creando lo que me atrevo a llamar una “perfecta tormenta.”
PUBLICIDAD
El propuesto recorte a la jornada laboral y la sugerida sindicatura a nuestro Departamento de Hacienda son las más fehacientes pruebas de que, para algunos, es más fácil recomendar y opinar, que hacer y actuar. Los retos se enfrentan con alternativas y los obstáculos se sobrellevan con la frente en alto. Nuestra administración se mantiene, y mantendrá, siempre como incansable defensora de los más vulnerables; de igual forma, somos y seremos responsables de cumplir con nuestros compromisos con aquellos servidores y servidoras públicas que día a día se dedican a forjar un mejor Puerto Rico.
Los componentes de la Junta de Supervisión Fiscal no deben excederse de sus responsabilidades, mucho menos de su autoridad legal. El Gobernador de Puerto Rico y su administración cumpliremos con nuestro deber, como lo hemos hecho hasta ahora, dispuestos siempre a buscar alternativas que permitan fortalecer nuestra economía y lograr nuestro óptimo desarrollo socioeconómico. Lo anterior, sin dejar de cumplir con nuestras obligaciones con los acreedores, ni dejar de representar adecuadamente a nuestra gente en los foros pertinentes.
Estamos preparados para asumir las consecuencias que conlleva defender el interés y bienestar de nuestra gente. Seremos facilitadores y colaboradores con aquellos que se unan a la causa de Puerto Rico. Asimismo, lucharemos en cualquier y todo frente para hacer cumplir la Ley o atemperarla a la realidad de nuevos tiempos y de una administración que sí cumple con la palabra empeñada. Nuestras acciones no deben ser consideradas un llamado a la desobediencia, pero sí, más bien, reflejo de un reclamo que renace de la conciencia de un Pueblo que se pone de pie al reconocerse como igual en un mundo donde no debe haber cabida para la injusticia que causa la continua indiferencia a las necesidades y realidades de quienes sudan la Patria.
