El empeño de la Junta de Control Fiscal de imponer una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos tendrá consecuencias nefastas para nuestra economía.
La intención tras esa medida, según han señalado los siete miembros que componen el séquito del gobierno de facto del país, es recaudar $218 millones, partida que dicen resta conseguir para cumplir con los ahorros propuestos en su plan fiscal.
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Mas, para llegar a esa suma, la única vía considerada por la Junta es cercenar el bolsillo de la clase trabajadora y profesional del gobierno. La receta es sencilla: se les quitarán a los trabajadores del sector público dos días de trabajo al mes comenzando el 1 de septiembre hasta el 30 de junio de 2018. Esto equivale a una baja en su horario de trabajo de 10 %, que es lo mismo que decir una reducción salarial de 10 % al mes.
Los afectados son 138,415 empleados del gobierno. Quiere decir que, salvo los miembros de la policía, grupo que está exento de este decreto, el impacto de tal reducción se hará sentir en más de 100 mil familias puertorriqueñas, muchas de ellas que solo cuentan con un ingreso para su sustento.
En términos netos, según han estimado expertos economistas, esta reducción representará un golpe de $340 millones a la economía y empujará el producto bruto de la isla a una contracción de 3.3 % en este año fiscal y otra baja de 2.9 % en el fiscal 2019.
Pero lo más terrible es que la Junta amenaza con que, tan cercano como el próximo mes, contemplará en su agenda la eliminación o reducción del bono de Navidad, otra de las propuestas fiscales de ese cuerpo para cumplir con su plan de sanear las finanzas públicas. Y ni hablar de que ya se discute cómo imponer la reducción de 10 % a las pensiones de nuestros 168,000 jubilados del sector público.
Lo peor de este escenario es que, para los empleados del gobierno central, el anuncio de la reducción de jornada se suma a la lista de otras medidas de austeridad que, por imposición de las últimas tres administraciones de gobierno, han afectado severamente las condiciones, beneficios y derechos laborales de este grupo trabajador.
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Menos dinero en el bolsillo de los asalariados gubernamentales significa menos capital para circular en el mercado de consumo, menos recursos para comprar en el supermercado, en la farmacia, en el garaje de gasolina, pagar hipotecas, honrar préstamos personales, préstamos de carros, tarjetas de crédito, gastos de educación y actividades de ocio, entre otros gastos.
Ahí hay otro duro golpe a la economía del país que también repercutirá en la estabilidad del sector privado y sus empleos.
Pero el efecto más dramático de estas acciones, como hemos afirmado en pasadas columnas, está en el empobrecimiento, cada vez mayor de la clase trabajadora y profesional del país, acelerando la desaparición de la exigua clase media para polarizar nuestra sociedad en dos estratos sociales: unos pocos muy ricos y unos muchos muy pobres.
Ante esto, representantes del gobierno han advertido que, “por insensata e innecesaria”, no acatarán la determinación de la Junta de reducir la jornada y el salario de los empleados públicos. De esa manera, desde el gobernador, la comisionada Jenniffer González y los presidentes de los cuerpos legislativos han querido proyectar que su desafío al dictamen de la Junta es de verdad.
Sin embargo, no sabemos aún cómo evitarán las imposiciones de la Junta, aunque sí podemos augurar que todo apunta a que nos encaminamos hacia un choque de poderes que enfrentará a las autoridades electas del país con el conciliábulo de gobernantes que dirige José Carrión III y, por consiguiente, con el poder del Congreso estadounidense.
El debate se ciñe a un aspecto. Las voces del gobierno de turno afirman que el alcance del poder de la Ley PROMESA solo recomienda acciones fiscales, pero no obliga al gobierno a acatarlas. Desde la otra esquina, el presidente de la Junta señala que la ley es clara y que la autoridad conferida a ese cuerpo va por encima de los dictámenes del gobierno colonial y su Constitución.
Las cartas están sobre la mesa. Ha llegado el momento de retar a la Junta, defender el servicio público, rechazar las medidas de austeridad y exigir el poder político que necesitamos para dirigir nuestros destinos sin imposiciones de extraños.
