Por: Denis Márquez
En varias ocasiones he escrito sobre la manipulación de la verdad bajo la actual administración en aras de justificar legislación. Dicho sea de paso, en estos días recientes en los que se han producido decenas de arrestos en Peñuelas, la Ley 40 —que Fortaleza presentó como la “prohibición” de las cenizas— es un claro ejemplo de cómo se distorsiona la realidad, pues, como advertimos en el PIP, el referido estatuto básicamente creó la estructura legal para precisamente permitir el depósito de las mismas.
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En esta sesión extraordinaria, tristemente, se continúa e insiste con lo que ya se ha convertido en un patrón de presentar y aprobar legislación cuyo título es diametralmente opuesto a los efectos que tendrá su aplicación. El nuevo engaño es la legislación sobre los sistemas de retiro.
El título de la legislación propuesta alega “garantizar los pagos a pensionados” y “reformarlos”, cuando los efectos reales que tendrá es eliminarlos tal y como los conocemos hoy día. Como paso fundamental para dicha eliminación se propone la venta de los activos de los tres sistemas, pero no se presenta una idea de cuál es la naturaleza y composición de esos activos ni su valor en el mercado. Por lo tanto, no se precisa cuánto dinero se obtendrá de esa venta.
También se elimina la aportación patronal (de la agencia de gobierno, municipio o corporación pública) a las pensiones de los empleados públicos, lo que significa que cada empleado acumulará una pensión cuya única fuente de fondos será su aportación periódica, más los intereses o ganancias de capital que devengue su cuenta de inversión individual. Pero, debido a los salarios bajos y las respectivas reducciones de ingresos producto de las legislaciones de la pasada y actual administración, las pensiones serán mucho más bajas que lo que han sido tradicionalmente. Además, cada cuenta de los empleados tendrá un gerente (manager) que cobrará una tarifa (management fee) a cada empleado, lo que reducirá cada año la cantidad acumulada por el monto de ese honorario o comisión. Esto lo que hace es, en la práctica, reproducir el sistema de retiro bajo el régimen de Pinochet en Chile, cuya solvencia se desplomó recientemente. Es una forma de privatización de los sistemas de retiro, mediante la cual se transfiere la responsabilidad del manejo de su cuenta de retiro a cada empleado público.
De otra parte, no se presentan cálculos o escenarios que simulen cuánto será, en promedio, lo que recibirá cada empleado, una vez comience el nuevo sistema y una vez se liquiden los activos de los sistemas de retiro. Esto significa que habrá que realizar el ejercicio en cada caso individual, lo que creará gran incertidumbre en cada empleado, ya que la persona comenzó a laborar en una agencia o municipio bajo la premisa de que acumularía unas cantidades para la fecha de su retiro, y ahora esa cifra puede reducirse sustancialmente, como ya sucedió bajo el Partido Popular.
Finalmente, a pesar del discurso manipulado presente en el proyecto de ley, en el sentido de que se aseguran las pensiones de los empleados públicos, lo cierto es que las pensiones se reducirán sustancialmente, porque la única fuente para financiarlas será la aportación del empleado. Otra manipulación de la verdad, el nuevo engaño.
