En columnas anteriores hemos expresado lo que hoy, como primera y diáfana expresión establece el título de este escrito que comparto con ustedes. El honorable Ricardo Rosselló Nevares y su administración han cumplido, cumplen y cumplirán con el plan fiscal presentado y avalado por la Junta de Supervisión Fiscal como uno de los pasos hacia la recuperación fiscal del andamiaje gubernamental heredado. Dicho plan está fundamentado en la ruta trazada para la construcción de un nuevo Puerto Rico y es una de las estrategias y políticas públicas a seguir, como lo fueron las órdenes ejecutivas y leyes emitidas y aprobadas, respectivamente, desde el mismo 2 de enero de 2017.
Es muy fácil para los cómplices del desastre y los protagonistas del oportunismo político querer presentarse como aliados de una junta que es producto de la forma y manera en que, en su tiempo, manejaron la administración pública. Quienes hoy repiten que es necesario hacer una y otra cosa para “salvar las finanzas” de Puerto Rico son quienes una vez reclamaron haber atendido y resuelto la crisis creada por sus propios actos y omisiones. Quienes hoy hablan de la necesidad de hacer los ajustes que recomienda la llamada Junta fueron quienes con su manera de gobernar “invitaron” la misma. Ahora, con el único interés electorero que les ha caracterizado a lo largo del tiempo, miran una vez más por encima del hombro a los más vulnerables y quieren que esta nueva administración se doblegue a los requerimientos irrisorios y peligrosos de quienes, en la necesaria búsqueda de salvaguardar los intereses de los acreedores del gobierno, parecen obviar estrategias que forman parte tanto del Plan para Puerto Rico como del fiscal recientemente avalado, presupuestado e implantado.
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La presente administración, única en nuestra historia como pueblo que ha estado sujeta a este tipo de intervención que no es otra cosa que una muestra de nuestra carencia de igualdad política en comparación con los cincuenta estados de la Unión, ha empeñado su palabra y laborado con esmero conforme a las reglas de un nuevo juego al cual estamos sujetos, pero del cual no era necesario ser parte. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo el plan original, sin despido de empleados, sin ajuste de jornada y sin eliminación del bono de Navidad. Hemos expresado ya que estas acciones serían en detrimento de nuestra economía y su efecto multiplicador sería devastador para nuestro archipiélago.
Del mismo modo, prestaremos particular atención a las nuevas recomendaciones que hace este grupo de ciudadanos, aclarando de antemano que el recorte de merecidas ayudas federales no es la alternativa para levantar ni reconstruir a Puerto Rico. La dirección, la estrategia y la ruta hacia la autosuficiencia tienen que estar contempladas dentro de un marco de refuerzo y respaldo a quienes, dentro de las circunstancias particulares del presente, requieren que el Estado esté presente, dando una mano amiga para que alcancen sus metas aprovechando las oportunidades en igualdad de condiciones que tantas otras personas. No podemos penalizar ni victimizar a quienes sus circunstancias les hacen más vulnerables o le imposibilitan acceder a servicios esenciales, tanto en el sector privado como en el gubernamental. No se suben peldaños caminando sobre los hombros o cuerpos de hermanos y hermanas. Quienes creemos en la igualdad tenemos que fortalecer cada sector de nuestra sociedad, de nuestras comunidades; nuestro deber es aportar al desarrollo socioeconómico de todos y todas, hasta crear el Puerto Rico que queremos dejar a las futuras generaciones.
No promoveremos austeridad dentro de la austeridad. Utilizaremos eficientemente los recursos del Estado, que son, ulteriormente, los recursos y aportaciones de nuestra gente. Somos transparentes y eficientes; hemos establecido una nueva forma de gobernar. Seguiremos nuestra ruta y alcanzaremos la meta, como hemos informado a la Junta, pero, sobre todo, como nos hemos comprometido con nuestro pueblo. Así nos ayude Dios.
