Crisis laboral

Lea la opinión de Hiram Guadalupe

Crisis laboral

Las últimas estadísticas que informa la encuesta de Grupo Trabajador, que produce el Departamento del Trabajo, reflejan que, al finalizar el mes de mayo, la tasa de participación laboral en la isla se mantiene rondando el 40 %. Es la misma cifra que nos persigue desde hace varios años. Un número preocupante porque advierte que los esfuerzos para la creación de empleos continúan siendo uno de los grandes retos que enfrentamos como país.

Cuando hablamos de tasa de participación laboral, nos referimos a la cantidad de personas que se encuentran activamente trabajando, del total de 2.8 millones personas hábiles para hacerlo en la isla. Es decir, hay cerca de 1,100,000 puertorriqueñas y puertorriqueños insertados en el mercado de trabajo.

Este número tiene que combinarse con el 11 % de personas que están sin empleo —y se mantienen activamente buscando trabajo— para descifrar la realidad de nuestra situación laboral.

Nadie puede sonreír al enfrentarse a este panorama. Más aún cuando sabemos que las cifras que ofrece frecuentemente el Departamento del Trabajo tienen que ser examinadas junto al número de personas que, en plena edad productiva, se han marchado del país porque han abandonado la esperanza de encontrar un mejor futuro en su terruño.

Al margen de estas estadísticas, el mejor reflejo de nuestra realidad se calcula en nuestras calles, viendo la desesperanza e incertidumbre de mucha gente, para quienes sobrevivir es una gran hazaña.

Entretanto, la economía continúa contrayéndose; aumenta el cierre de comercios locales; crece el empobrecimiento de la población; se imponen más arbitrios a la ciudadanía; se anuncia un encarecimiento de la educación universitaria pública, y se asoman medidas para privatizar bienes públicos, como pronto ocurrirá con la Autoridad de Energía Eléctrica.

Y, como si fuera poco, el próximo paso del gobierno parece ser la imposición de una reducción significativa en la jornada de trabajo para los empleados públicos porque, sencillamente, lo requiere la Junta de Control Fiscal.

Tal reducción se prevé como una medida para disminuir el pago de la nómina gubernamental, lo que implicará una reducción del salario de los empleados públicos, cuyo efecto se sentirá en una baja, en igual proporción, en la capacidad de compra de bienes y consumo de este sector.

Esta situación afectará al comercio del país e incidirá en la estabilidad del sector financiero, el cual sentirá el efecto en el aumento de la morosidad en renglones del crédito individual, hipotecario y de autos. Con menos dinero en el bolsillo del sector trabajador, menos posibilidades de mantener un ciclo económico eficaz.

Pero nada de esto parece preocuparles a los miembros de la Junta, quienes llevan meses condicionando la jornada laboral de los empleados públicos y la permanencia de su bono de Navidad a que, al llegar el mes de septiembre, el gobierno de turno haya cumplido con sus proyecciones de ingresos y ahorros.

Sin embargo, todo apunta a que tales proyecciones serán difíciles de cumplir y, por consiguiente, se impondrá de inmediato el mollero de la Junta que, excepto en el caso de los policías, implicará que el resto de los empleados públicos trabajarán un día menos a la semana, lo que equivale a una reducción de 20 % en su salario.

Ante esto, el gobernador Ricardo Rosselló se ha mantenido consistente en plantear que no es necesario recortar la jornada porque “ocasionaría más daño a la clase media y al gobierno”. Al momento, tal aseveración se inscribe solo como parte de un discurso público, simpático por demás, pero inconsecuente si no está acompañado de una acción política o legal que le ponga freno a las pretensiones de la Junta.

Mientras tanto, lo que sí ya es un hecho es que la política del gobierno va tras la reducción del mercado de empleo público a través de una propuesta de retiro voluntario incentivado, cuyos resultados deben calcularse en sus efectos en el ofrecimiento de servicios públicos a la ciudadanía y la estabilidad económica del país.

Incentivado o no, el retiro anticipado es una ruta paralela al despido. Una manera de forzar la reducción del número de empleados, cumpliendo el mandato de la Junta. Mas las implicaciones finales de cualquiera de estas vías la veremos en las próximas estadísticas que anuncien cómo sigue reduciéndose nuestra tasa de participación laboral.