Lo he dicho antes, el gobernador Ricardo Rosselló es un gran admirador del presidente estadounidense Donald Trump.
Aunque tienen estilos diferentes su dogma de gobernanza parece ser el mismo: “Convencer, confundir o aterrar, jamás decir la verdad”.
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El presidente estadounidense toma decisiones trascendentales mediante tuits que enloquecen a su país diariamente. Ricardo Rosselló, al no tener ese poder, evade, amapucha, cambia de versiones y lanza bolas de humo para conseguir el mismo objetivo.
La sesión extraordinaria que ha citado para comenzar este próximo lunes es un ejemplo perfecto de ello.
El gobernador criticó duramente a la administración anterior porque no habían rendido informes fiscales auditados. Planteaba que sus estadísticas y proyecciones no eran confiables y que, por tanto, la deuda podía pagarse.
Hoy el gobernador pretende, durante su primera sesión extraordinaria, desmantelar la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la única entidad gubernamental independiente que ofrece información veraz sobre aspectos medulares de nuestra economía y sociedad.
El plan es sencillo, sacar a los profesionales altamente cualificados que durante más de una década le han brindado al país estadísticas fidedignas para nombrar una nueva junta que le responda únicamente a el.
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Todo esto es particularmente alarmante pues, justo en el momento en que se van a implementar las medidas de austeridad más descarnadas contra este pueblo quedaremos a ciegas sobre cuál es la realidad del país.
Los indicadores económicos, el desempleo, la fuerza laboral, estadísticas finales sobre criminalidad, suicidios, maltrato infantil, pobreza entre tantos otros renglones serán lo que el PNP diga que son.
¿Creen ustedes que la Junta de Control Fiscal estadounidense que ni siquiera ha develado sus informes financieros, según les exige la ley PROMESA va a intervenir con esto?
Imagino que lo harán con la misma celeridad que han actuado para detener los más de 50 millones de dólares en contratos que se han otorgado a quienes donaron a favor de la estadidad durante la campaña plebiscitaria.
Pero ahí no se detiene la amenaza. El 18 de marzo, cuando la Junta de Control Fiscal impuso su primer plan fiscal, el gobernador aseguró que, así como el Padre y el Hijo son un mismo Dios, el plan de la Junta y el suyo, uno son.
Luego dijo lo mismo del presupuesto. A pesar de esto aseguró que el plan no contemplaba la reducción de jornada laboral. Más bien era una sugerencia de la Junta, aseveración que es claramente una mentira.
Ayer anunció que prepara un proyecto que busca evitar la virulenta medida ofreciendo un programa de renuncias voluntarias a los empleados públicos, a cambio de otorgarles un año de salario y que, además, se adscriban a unos programas de forma mandatoria para que la empresa privada los absorba como parte del plan de privatizar servicios gubernamentales.
El entrelíneas de la propuesta de Rosselló es muy sencillo: Quiera o no el empleado, se va a tener que ir porque la dependencia en la que trabaja va a dejar de existir. Algunos de esos empleados serán contratados por las nuevas compañías privatizadoras bajo los parámetros de la nefasta reforma laboral.
El esquema supondría que, aunque el gobierno no tiene dinero para pagar la nómina del mes de septiembre habría de pagarles a miles de empleados un año de salario completo de golpe y porrazo (siéntese a esperarlo).
El plan de Rosselló contempla que no solo nos triplicó los impuestos en muchos renglones, sino que ahora esos impuestos habrán de sufragar menos servicios para un gobierno con menos empleados, y que tendremos que pagarle mucho más a compañías privadas para que den los servicios básicos que se supone cubran nuestras contribuciones.
Al leer estas líneas muchos saltaran a refutar que la administración anterior lo hizo igual o peor, pero ahí está nuestro verdadero problema. Ante tan extraordinarias amenazas todavía nos empeñamos en cancelarnos y culparnos unos a otros cuando deberíamos concentrar nuestras energías en gestar una gran alianza que nos permita estirpar de una buena vez el tumor que representa la mayoría de nuestra clase política, la Junta de Control Fiscal y los abusos del Congreso.
A fin de cuentas, todo se resume en esto: o nos unimos como país o nos hundimos como tribus.
