Otra mirada a la criminalidad

Por: RepresentantePIP, Denis Márquez Lebrón

La propuesta del actual Gobierno y la Policía de reclutar voluntarios para atender la situación de seguridad y criminalidad en Puerto Rico, además de desacertada, también abre el debate para profundizar sobre cuál perspectiva debe atender un tema tan complejo como el de la seguridad pública.

En Puerto Rico, históricamente, tanto gobiernos del PNP como del Partido Popular, han establecido políticas públicas enmarcadas en acciones meramente punitivas y cuyos resultados son los que hoy encaramos: asesinatos casi a diario, altos niveles de actividad delictiva y todo un deterioro social adverso a las aspiraciones más elementales de todo país de promover el bienestar de sus ciudadanos. En Puerto Rico, cuatrienio tras cuatrienio pretenden hacer creer al país que con sus “planes anticrímenes” van a detener la criminalidad en Puerto Rico y continúan siendo las estadísticas sobre delitos el barómetro sobre la efectividad de sus políticas como si un problema tan complicado se resolviera sumando o restando. Tampoco puede ser una alternativa a la reducción de la criminalidad, las medidas retrógradas de enmendar el código penal para aumentar las penas en los delitos como los propuestos por la actual mayoría legislativa.

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Un ejemplo de la perspectiva punitiva, es el caso reciente de una menor altamente reseñado por los medios de comunicación. Años atrás, junto a los licenciados José Torres Valentín y Juan Santiago, atendimos un caso en el que otra menor fue arrestada y acusada sin el más mínimo análisis y consideración de la edad, la protección a los menores y las consecuencias para ellos y sus familias. Hoy, años después, no hemos avanzado como sociedad ante la ausencia de políticas públicas articuladas, integradas y sensibles.

Como siempre hemos planteando desde el PIP, e incluso durante la pasada campaña, las raíces del crimen y la violencia residen en la marginación, la desigualdad, la pobreza, las deficiencias educativas, la falta de oportunidades de empleo y de movilidad social, la dependencia, el ocio, la falta de pertenencia y responsabilidad social, entre otras. A falta de un cambio paradigmático para atender esos males, se siguen reproduciendo los estímulos sociales que resultan en comportamientos inadecuados en prácticamente todas las instancias e instituciones.

Por eso el llamado al reclutamiento de voluntarios no resolverá la realidad de la actividad delictiva en Puerto Rico hasta tanto y en cuanto no se establezca y adopte un enfoque integral al problema criminal que trabaje preventivamente con las causas y paralelamente atienda sus efectos inmediatos y presentes. Urge promover y educar sobre una cultura de paz desde la edad temprana, en la que el diálogo y la negociación sean las estrategias para solucionar pacíficamente los conflictos y previniendo actitudes violentas y criminales en el futuro. Es momento de comenzar un diálogo amplio sobre este asunto y modificar el enfoque mediante el cual se han dedicado la mayor parte, como he dicho, de los esfuerzos a estrategias de corte punitivo y remedial -cárceles, policías, operativos cuasi militares, salas de justicia, vigilancia electrónica – a pesar de que han demostrado no ser efectivas para disuadir conductas violentas o para evitar la incidencia criminal.

Mientras los gobiernos de turno continúen aferrados a iniciativas fracasadas, no hay razón para esperar una merma en la incidencia criminal. Es necesaria otra mirada al asunto de la criminalidad.