Los últimos dos años han sido intensos para Alma Yarida Cruz Cruz. Desde que tenía nueve, su existencia ha estado marcada por la agresión. No la suya hacia otros, sino de la que fue objeto constante. Primero por sus compañeros de escuela. Más tarde por la comunidad escolar y ahora por el Estado, que le procesa por cinco cargos que, de progresar, le harían pasar un año de probatoria sin apenas haber llegado a las puertas de la adolescencia.
Alma Yarida perdió la tabla el pasado 2 de diciembre. Según se asegura, empujó a una de sus compañeras y amenazó a otras. Fue el final de dos años en los que, se desprende del caso, esa misma niña había sido la víctima y no la victimaria. Ella, a sus 11 años y estudiante de educación especial, era objeto constante de las burlas de sus compañeros. “Negra sucia”, “negra dientúa”, “pelo de caíllo”, “negra asquerosa” y “mona” eran solo algunas de las perlas que le lanzaban constantemente sus compañeritos de escuela, todos los días y durante dos años. Pero, para las autoridades escolares, ese acoso era poco más que invisible. Durante esos dos años no se tomaron medidas correctivas para detener el acoso al que la niña era sometida. Tal y como denuncian los grupos a favor de la menor, de no hacer nada durante dos años, el director de la escuela Modesto Rivera pasó a no solo sacar a la niña del plantel escolar, sino a iniciar un procedimiento disciplinario que terminó en el “arresto” de la niña.
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“¿Quién reprende al Estado negligente? ¿Por qué, a pesar de los dos años de acoso a los que esta niña fue expuesta, nadie activó los protocolos provistos por ley? ¿Qué ha hecho el Departamento de Educación para atender el caso?”.
Pero, mientras vemos cómo todo el aparto oficial la emprende contra la menor, es importante preguntarse quién reprende al Estado negligente. ¿Por qué, a pesar de los dos años de acoso a los que esta niña fue expuesta, nadie activó los protocolos provistos por ley? ¿Qué ha hecho el Departamento de Educación para atender el caso y, de ser evidenciada la conducta administrativa denunciada, disciplinar a las autoridades escolares por permitir que una niña de educación especial fuera acosada durante dos años? Esas preguntas quedan sin contestación en esta etapa. No existen. Como tampoco existen protocolos institucionales para trabajar con la racialización en el acoso. Para identificar y corregir a los niños para los que las características físicas de otros, sobre todo las asociadas a nuestra raíz negra, son objeto de la carcajada fácil; el chiste hiriente. Establecer esos protocolos estaría sujeto a la aceptación de que el país —en el macro— y Educación —en el micro— no reconocen el racismo como problema, de la misma forma que no reconocen la existencia de la amplia historia y aportaciones de los afrodescendientes al país, en una ausencia que se perpetúa en la historia oficial y los libros de texto usados en el sistema público de enseñanza.
Por lo pronto, Alma Yarida comienza a experimentar —tal vez por primera vez en su vida— una buena dosis de solidaridad. El próximo 20 de julio, día en que ha sido citada una nueva vista en su caso, se ha convocado una manifestación a las 8 a. m. en el Tribunal de Carolina. Un abrazo ciudadano ante la indiferencia de un Estado que, una vez más, se torna en opresor.
