Niños criminales o un estado fracasado

La noticia invadió las redes sociales la tarde del lunes feriado. Un niño de 9 años había apuñalado a una mujer de 49, compañera sentimental de su madre de crianza. Según la Policía, el menor habría utilizado dos cuchillos para realizar heridas de diverso tipo a la mujer. El hecho no eso otra cosa que escandaloso y para su análisis podemos vernos seducidos por un escenario de salida fácil. Tan fácil como el que propone la nueva ley de menores impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes y respaldada por la secretaria de Justicia Wanda Vázquez. La medida , de haber estado aprobada ayer, podría haber permitido que el niño de 9 años fuera arrestado por la Policía. Según el estatuto, no existiría una edad mínima para procesar judicialmente a un menor de edad.

“No investigar y procesar conducta delictiva imputada a un menor, solo por el hecho de su minoridad, solo propende a la impunidad,(…)” ha dicho Johnny Méndez para justificar el contenido de la medida.

Sin embargo, aun cuando esa salida fácil -la de tratar a los niños como criminales- seduce a más de uno, basta con escuchar a expertos en el tema del crimen y la conducta humana para darse cuenta que el encarcelamiento de niños sin mínimo de edad y, en definitiva, el encarcelamiento de menores como formula para combatir el crimen y la impunidad se alejan por mucho de las estrategias que han probado éxito. Pero localmente nuestros gobiernos parecen querer seguir chocando con la piedra de la “mano dura” y el “castigo seguro” al exhibir una particular fijación con el uso de la fuerza versus la maña para combatir el crimen.

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Sí. Arrestar a un niño que exhibe conducta violenta es la salida fácil. Garantiza algunos titulares y podría servir para vender la falsa noción de efectividad ante el crimen. De lucha contra la “impunidad”. Pero hacerlo solo supone un fracaso del sistema y la colocación de un parcho adicional. Hacerlo ignora las raíces del problema.

Descarta la evaluación de los factores que llevan a un niño a asumir -tal vez de manera poco consciente- razgos criminales. Y como es una salida fácil, con ella el Estado se lava las manos en su responsabilidad de evaluar el camino que llevó al menor a una conducta de riesgo. ¿Conoce el estado cuál es la estructura familiar del menor? ¿Sabe cómo ha sido su crianza y a qué situaciones se ha visto expuesto? en casos como el del niño de Carolina, ¿se ha preguntado el Estado por qué es que una tía ha tenido que asumir la crianza de un niño que tiene padre y madre biológicos? ¿Exhibe el niño condiciones específicas de conducta o retos en su desarrollo que le coloquen en desventaja ante sus pares? ¿Ha respondido con eficacia el sistema para atender las necesidades del menor en sus primeros 8 años de vida?

De esas preguntas sobre las que en ocasiones no existe respuesta evidente, depende la posibilidad de descifrar estos casos y , a fin de cuentas, la posibilidad de atenderlos de manera justa. ¿Empezamos a buscar respuestas?