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Fallan con Junta Supervisión Fiscal

“La Junta viene a quitarle el dinero al pueblo de Puerto Rico para dárselo a los buitres”. ¿Recuerda ese señalamiento de hace un año? ¿Que ha pasado hasta el momento?

Hace exactamente nueve meses, el 3 de octubre de 2016, escribí en Metro: “Ya tenemos Junta de Control Fiscal (JCF) y creo que, dentro de lo negativo, hay cosas que inician de forma positiva. En primer lugar, de siete, cuatro de los miembros son puertorriqueños: Ana Matosantos, Jose Ramón González, Carlos García y Jose B. Carrión. Una de las decisiones más importantes fue la selección de Carrión como presidente de dicho organismo. Carrión es puertorriqueño y vive en la isla, pero no solo eso. Su negocio está en Puerto Rico… Parte de la campaña de miedo de los opositores a la JCF es que estos señores vienen a recoger los clavos de la cruz que han dejado nuestros políticos, a saquear lo que queda en caja y a hundir a la isla en la miseria. Ahora les pregunto: “¿Hundiría usted el país donde vive? ¿Desbarataría la isla donde opera su negocio, cuyo éxito depende de cuán bien o mal nos vaya?”.

 

Ciertamente el juego acaba de comenzar, pero como les menciono, hasta el momento, los pasos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no han ido en armonía con los pronósticos apocalípticos de que entregarían servilmente el dinero del pueblo a los buitres. Hace unos meses anticiparon que los recortes a la deuda podrían alcanzar hasta el 80%. ¿Cree usted que los buitres están contentos con eso? El pasado 3 mayo el goberndor Ricardo Rosselló solicitó a la JSF que acogiera el Título III para parte de la deuda, y en solo horas la junta certificó y sometió al tribunal dicha certificación. ¿Satisface eso a los buitres? La semana pasada, fue la JSF la que no aprobó el acuerdo firmado entre el gobierno y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para recortar solo un 15% de la deuda. Ese acuerdo llevaría a que la corporación pública tuviera que subirnos el costo de la energía en 5 años para cumplir con los acreedores. Fue la JSF la que dijo que era un mal negocio, en detrimento del pueblo, mientras el gobierno de Rosselló indicaba era uno bueno y satisfactorio. Al no aprobarlo, a Rosselló no le quedó más remedio que solicitar Título III para la AEE.

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Este último ejemplo llama la atención en el sentido de que la JSF, en votación dividida, se fue contra la petición del congresista republicano Rob Bishop, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, unos de los creadores de la junta y quien presionó públicamente a la misma para que aprobaran el acuerdo de la AEE, en favor de los acreedores. ¿Cree usted que los acreedores de la AEE están contentos con la decisión de la JSF? Luego de estos ejemplos, ¿qué piensa usted de los que juraron que la junta venía como agente de cobro de los buitres?

 

El presidente de la JSF, José Carrión, advirtió que el dolor sería compartido, y es que el desastre en el que nos metieron nuestros políticos es tan monumental que no hay forma de cargárselo a los acreedores solamente, que tampoco sería lo justo. Si nosotros, como electores, decidimos poner a los que más nos regalaban, sin importar las consecuencias, pues ahora tenemos la responsabilidad de sufrir parte del dolor. No hay forma de dar un paso para enderezar el barco sin que le duela a un sector… no existe y el hecho de que nadie haya presentado una propuesta que resuelva el problema sin afectar a un solo sector es prueba de ello.

 

Desde hace unas semanas, previo a la aprobación del presupuesto de la isla, vimos los últimos aleteos de la asamblea legislativa tratando de guapear frente a la JSF. Si analizamos los movimientos del organismo federal, sus pasos han sido asertivos. Muchos querían que viniera a caerle a palos al gobierno, que no le quitaran el guante de la cara al ejecutivo y al legislativo, y eso no ocurrió. Dieron espacio, extendieron fechas, aprobaron el plan fiscal de Rosselló, pero a la hora de la verdad, con el presupuesto se llevaron al gobierno con la mano izquierda. Nadie puede decir que no fueron flexibles o que no escucharon.

 

Escuchamos a los representantes Antonio “Tony” Soto, Johnny Méndez, José “Pichi” Torres Zamora y otros advirtiendo que no responderían a la JSF y que el presupuesto sería el que ellos dijeran. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, arremetió contra la la junta y hasta citó a Carrión a una vista pública para que diera explicaciones, pero éste no acudió y nada pasó. Finalmente, la JSF no solo aprobó su presupuesto, si no que le voló en cantos 13 millones a la asamblea legislativa. ¿Y éstos? Nada pudieron hacer. ¿Todavía tiene usted duda de los poderes de la junta y de si somos una colonia?

 

Quizás hoy usted, con el impacto negativo, no lo comprenda pero a la larga, entiendo agradeceremos que haya un ente que no se deje llevar por la presión politiquera de las elecciones para tomar decisiones. Hace unos días vímos como, en la crisis, la política partidista sigue latente en el gobierno. Uno de los ejemplos es la decisión del Secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, y su determinación de quitarle fondos a cerca de 10 municipios, casi todos populares, para administrar residenciales públicos. Según los alcaldes, con documentos en mano, cumplían con los requerimientos para dicha administración. Solo un municipio era novoprogresista: Guaynabo. ¿Cree usted que Gil Enseñat hubiese tocado a ese municipio hace unos meses, cuando Héctor Oneill no tenía los escándalos que tiene? Obviamente no se huibiera atrevido.

 

El otro caso es la determinación del gobierno de cambiar la composición directiva del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, que dirige exitosamente Lucy Crespo. Este organismo, bajo Crespo, ha sido tan exitoso que una investigación senatorial, de esta administración, reveló que el mismo ha cumplido, y cumple, cabalmente con su propósito. Pues volvemos a lo que ha sido gran parte del problema de la isla para echar adelante: vamos a cambiar lo que funciona para que responda al partido de turno.  La medida legislativa saca a los que han tenido éxito para poner a 8 miembros nombrados y aprobados por el PNP. Lo increíble del caso es que el Secretrio de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, como miembro de la junta, apoyó el cambio sin notificar a sus pares de lo que venía. Un detalle es que Laboy había sido despedido de dicho fideicomiso hace unos años, por lo que sus actuaciones dan espacio para pensar que se trata de un desquite político. La semana pasada el Secretario de la Gobernación, William Villafañe, no pudo explicar una razón válida, a mi juicio, para el cambio y se limitó a decir que “va a ser mejor”, nada más.

 

Cuando uno vé que la política partidista sigue enraizada en el gobierno, con esos ejemplos, pues supongo algo se debe agradecer la existencia de la JSF, un ente que, hasta el momento, ha demostrado las decisiones que se estan tomando para sanear a Puerto Rico, no se dejan influenciar por la politiquería, ni las próximas elecciones. Los políticos y su politiquería, por lo menos a mí, ¡me tienen jarto!, y por esa razón, veo a la JSF como un mal necesario.

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