Ha sido poco lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal desde que hace un año fue creada en virtud de PROMESA. El exclusivo grupo de titanes económicos que gobierna las finanzas de Puerto Rico se ha dedicado principalmente a replantear lo obvio en un carteo continuo con el gobierno de turno, a repartir contratos y sueldazos, y a esconder sus propios negocios. Lejos de ser los agentes de cambio apolíticos que muchos esperaban, nuestros nuevos gobernantes están atrapados en el mismo marasmo burocrático. El presidente de la Junta ya ha expresado que resiente algunas de las críticas que se le hacen, señalando así que no es del todo ajeno a la discusión pública. Se nota: ni el gobierno ni la Junta quieren asumir la responsabilidad por las decisiones difíciles que hay que tomar.
Aun así, Carrión aseguró recientemente en un discurso ante la Cámara de Comercio que, “estamos tomando decisiones que nuestra clase política no ha querido o no ha tomado por los últimos 40 años”. ¿Sí? Indaguemos en los “logros” de la Junta en los pasados meses.
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¿Qué decisiones han tomado? La más importante y acertada ha sido la determinación de declarar la quiebra bajo el Título III de PROMESA. Sin embargo, al ser una acción que surge de los poderes conferidos al ente por el Congreso, no se le puede reconocer autoría a los siete sabios. Fuera de eso, la Junta se ha dedicado a señalar el tamaño de la deficiencia fiscal del gobierno sin plantear soluciones. Ese ejercicio matemático lo podíamos haber hecho localmente sin el gasto que ha implicado para el gobierno de Puerto Rico la operación de la Junta.
Ninguna decisión ha sido particularmente difícil; ninguna idea particularmente innovadora. ¿Aumentar contribuciones? Lo hemos estado haciendo por los últimos once años. ¿La jornada parcial? Se lleva mencionando como una alternativa a los despidos por años. Y, de paso, ni siquiera la han implantado, solo han amenazado con hacerlo. ¿Eliminar el bono de Navidad? El sector privado lleva pidiéndolo por mucho tiempo; traducir esa propuesta al sector público no requiere mucha imaginación. ¿Cortarles el presupuesto a la UPR y a los municipios? Nada nuevo.
¿Dónde están las reformas profundas que requiere el gobierno? Desconocemos. ¿Por qué no se ha planteado la eliminación de la Comisión Estatal de Elecciones o, al menos, de las Juntas de Inscripción Permanente? ¿Qué de la consolidación de servicios a nivel municipal? ¿Qué de la eliminación de agencias y funciones innecesarias? ¿Qué de aumentar el uso de la tecnología para eliminar las ventanillas en las oficinas de servicio del gobierno?
En fin, todo se ha quedado en un ejercicio presupuestario a treinta mil pies. Las decisiones que no se han tomado “por los últimos 40 años” siguen sin tomarse y los que pagamos los platos rotos somos los trabajadores, profesionales y contribuyentes de Puerto Rico.
¿En qué gastan nuestro dinero? El presupuesto de la Junta es de $60 millones al año, dinero que sale de nuestras contribuciones. A cambio de esa inversión, tenemos una Junta cuyo genio no se ha hecho evidente. La directora ejecutiva apenas se ve en Puerto Rico, donde le pagamos un salario de $625 mil, además de los pasajes que le permiten llevar sus ingresos mensualmente a su natal Ucrania. ¿Un viaje mensual a Ucrania? Con suerte gozamos de los consejos de la señora Jaresko unas tres semanas al mes; nadie espera que se dispare ese viaje para estar solo un par de días…
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Y sus conflictos, ¿a’ónde ejtán? El 28 de febrero, la Junta publicó los informes financieros de sus miembros. ¿Transparencia? Nada que ver. Los informes no incluyen cifras de ingresos. Tampoco incluyen información acerca de los clientes que puedan tener las corporaciones que los emplean.
¿Por qué es importante tener estos datos? Esta semana la Junta amenazó al gobernador y a la Legislatura con aprobar un presupuesto unilateralmente. La aprobación de los gastos anuales del gobierno es quizá de las tareas más importantes de nuestros representantes y senadores. A ellos, y a nuestro gobernador, les exigimos ser servidores públicos a tiempo completo, de tal forma que no se enfrenten a decisiones en su función pública que conflijan con sus intereses privados. Los miembros de la Junta, en cambio, aunque no reciben un sueldo por su labor, pueden tener cuántos contratos quieran. Saber qué dedos tienen amarrados es crucial para evitar que esos intereses pesen más que el bienestar colectivo. En esto, el silencio de los medios los ha hecho cómplices del oscurantismo de la Junta.
