Por: Denis Márquez Lebrón
La semana pasada adelanté al país por este mismo medio que la Asamblea Legislativa se aprestaba a aprobar un presupuesto diseñado por una entidad del Gobierno estadounidense en Puerto Rico cuyo propósito era exclusivamente asegurar el pago de la deuda a favor de los acreedores, independientemente del sufrimiento que ello ocasionara sobre nuestro pueblo. Lo denominé el presupuesto de la Junta. Consumado este acto de sumisión colonial el fin de semana pasado, la ferocidad de los verdugos metropolitanos que componen lo que como eufemismo llamamos la Junta de “Supervisión” Fiscal, no tardó en manifestarse.
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El martes pasado, la Junta escribió otro capítulo en su “romance epistolar” con el gobierno. En su carta más reciente, el nuevo monarca elogió los esfuerzos realizados por el gobierno penepé para cumplir con sus decretos previos, que incluyen pérdida de derechos de empleados y de la ciudadanía en general, según recogidos en el plan fiscal diseñado/enmendado/aprobado por el cuerpo federal. Sin embargo, acusó a las Cámaras legislativas de haber incumplido con las metas de reducción de gastos establecidas en el plan fiscal avalado por la Junta y “concedió” 48 horas a los dirigentes electos de la Legislatura boricua para tomar “medidas correctivas adicionales” para reducir en $319 millones el presupuesto aprobado, bajo amenaza de que no hacerlo implicaría que la propia Junta tomaría acción.
Así de burdo es ahora el colonialismo estadounidense en Puerto Rico. Atrás quedó para siempre el espejismo democrático bajo la cual vivimos por más de seis décadas en la isla, y el cual siempre denunciamos los independentistas. Pero si malo es que otro dirija los destinos de nuestro pueblo, pero aún es que se haga para beneficiar a los sectores financieros más poderosos de los Estados Unidos a expensas del bienestar económico y social del pueblo de Puerto Rico. A eso vino la Junta.
Sin ambages, estas fieras insaciables ordenan a los legisladores reducir $25 millones adicionales en asignaciones a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios que el gobierno ha fracasado en proveer, mientras que mantienen inalterada la asignación de $60 millones a la Junta para costear cosas tan “esenciales” como el salario absurdo de su directora ejecutiva. También ordenan reducir $78 millones en gastos “no legislativos”, tales como nómina, gastos operacionales, gastos en actividad deportiva, entre otros. Además, descaradamente imponen la reducción de $200 millones más en el gasto gubernamental mediante el achicamiento del Estado. Específicamente, las fieras insisten despiadadamente en la reducción de la jornada laboral, con las consecuencias nefastas que ello acarree para nuestra economía y sociedad. Poco importa a la Junta que esto se consiga mediante venta de activos de nuestro pueblo o mediante el despido inmisericorde de empleados públicos.
Pero hay un camino distinto al seguido desde enero por el gobierno. Es el camino de la confrontación política directa contra quienes ilegítimamente se arrogan el poder de dirigir nuestro futuro nacional. Tras el fracaso del plebiscito, nos toca continuar exigiendo la descolonización e independencia de Puerto Rico para acabar con la Junta y construir juntos el país de progreso que todos anhelamos.
