¡Cero tolerancia a la corrupción!

Lea la opinión del secretario de la Gobernación

Por William Villafañe

Esta semana laboral culmina con noticias que han sorprendido a muchos y a otros no tanto, especialmente aquellas relacionadas con las actuaciones contrarias a la ley, al orden y a las mejores prácticas de administración gubernamental, tanto a nivel estatal como municipal.   Durante los tiempos de campañas políticas, como parte del proceso eleccionario, hubo quienes con sus acciones y omisiones condonaron este tipo de irregularidades u actos criminales.  Otros, como el hoy gobernador Ricardo Rosselló Nevares, han demostrado desde siempre su compromiso con erradicar la corrupción, venga de donde venga; pero, sobre todo, con atender la raíz del problema dirigiendo esfuerzos claros y específicos a cambiar la cultura organizacional en que germina este tipo de actuaciones y trabajando activamente en los importantes renglones de educación y prevención.

Para ello, según establecido en el Plan para Puerto Rico, avalado por nuestro pueblo en las urnas, hemos puesto en vigor un modelo que integra los recursos disponibles con el propósito primordial de devolverle la confianza al pueblo de Puerto Rico en su gobierno.  Ninguna administración o estructura gubernamental puede alcanzar sus metas ni servir bien a nuestra gente cuando los intereses personales se colocan por encima del bienestar general de nuestra gente.   Nuestra política pública de cero tolerancia no es tan un disuasivo y menos aún un discurso que se repite en las cercanías de un evento eleccionario.  Esta se traduce en acción, contundente e inmediata. 

Nuestro enfoque sistémico, nuestra capacidad para detectar riesgos y fortalecer diferentes mecanismos de control nos han permitido actuar con inmediatez ante las malas prácticas administrativas que constituyen lo que hemos denominado como “estilos del pasado”. También quedan atrás los tiempos de favoritismos y expresiones de aparente incredulidad como reacción a la malversación de fondos y recursos públicos, así como a las acusaciones de enriquecimiento ilegal o injusto.  Mientras las autoridades federales cierran el cerco a quienes se han apropiado más de diez millones de dólares en el escándalo del esquema de corrupción más grande de nuestra historia moderna, el Gobierno estatal y nuestro Departamento de Justicia y Oficina del Fiscal Independiente también han estado cumpliendo con su misión de atender las pesquisas ante su consideración.

Nadie está por encima de la ley.  Ejemplo de ello es la instrucción del honorable Ricardo Rosselló Nevares para la destitución de los funcionarios que faltaron a su deber e hicieron mal uso de la confianza que sobre ellos había puesto nuestro pueblo.  A esos efectos, se produjo el anuncio que hiciera en conjunto con el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el ingeniero Carlos M. Contreras, sobre el referido realizado tanto al Departamento de Justicia, a la Oficina de la Contralora y a la Oficina de Ética Gubernamental por irregularidades en el pago de horas extras en la Autoridad de Transporte Marítimo.

Si bien es cierto que nuestra gente merece que cada dependencia pública trabaje conforme a las mejores prácticas administrativas, también lo es que, en tiempos como los que estamos viviendo, cobra mayor importancia el que cada funcionario y funcionaria de gobierno, realice sus ejecutorias de manera legal y conforme a los más rigurosos estándares de corrección y calidad en el servicio a nuestra gente. Más aún, bajo los nuevos paradigmas de transparencia que hemos establecido, continuaremos monitoreando, evaluando brindando y recibiendo insumo del trabajo que realizamos día a día. Lo anterior para que todos y todas confíen en que la implementación incorrecta de nuestra política pública, el mal manejo de fondos públicos y la corrupción,conllevarán medidas de corrección inmediatas, así como las sanciones aplicables.

Tengan la seguridad de que, como expresara ayer, a nosotros no nos va a temblar el pulso.  Pertenecer a tal o cual ideología no es privilegio ni razón —mucho menos excusa— para actuar contrario a la ley y a los procedimientos establecidos. Nuestra administración continuará actuando con diligencia ante cada resultado que arroje la apropiada y oportuna investigación.   Responderemos con diligencia, porque así se constituye y ha de funcionar el nuevo gobierno y porque así lo merecen y anhelan los y las residentes de la isla. El legado a las siguientes administraciones y generaciones será un modelo a seguir para garantizar a todos un futuro prometedor, como todo lo que estamos haciendo por ti y por Puerto Rico. 

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