Los municipios están en problemas. El Gobierno central ha determinado que su plan de recorte incluye la eliminación de $350 millones asignados a los municipios. Además, los ayuntamientos aseguran haber tenido dinero depositado en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), pero el Ejecutivo insiste en que ese dinero ya no existe. Y las consecuencias ya comienzan a aflorar. Cobros por el recogido de basura, reducciones en la jornada laboral, despidos de empleados y una lista de etcéteras que, a todas luces, se recrudecerán tan pronto como este verano, tan pronto comiencen los recortes del nuevo presupuesto. Los municipios reclaman —y con razón— que las medidas de austeridad promovidas los colocan en la indefinición. Pero, aunque esa afirmación está anclada en hechos, existe otro elemento que explica la marea roja que está a punto de ahogar a más de un municipio: la deficiencia administrativa.
Según datos de la Oficina del Contralor, entre los años fiscales 2010-11 y 2013-14, cerca del 56 % de los municipios terminaron con déficits acumulados. Y durante ese mismo periodo la deuda pública de los municipios aumentó en un 17 %.
PUBLICIDAD
Ahora añada lo siguiente. Según un informe de esa misma oficina que contempla el periodo entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de marzo de 2016-17, un altísimo número de municipios fue señalado por despilfarro en el uso de fondos públicos para la realización de obras que no tuvieron utilidad. Según el contralor, ese despilfarro costó $35,968,017. Ese malgasto de fondos públicos en tiempos en los que ya se vivía una crisis y se anticipaba un recrudecimiento en la situación de las finanzas municipales y, a fin de cuentas, del país contrasta con el uso “festivo” de los chavitos de sus ciudadanos. Tome usted el caso del Municipio de Vega Baja. Ese ayuntamiento ha arrastrado déficits que van desde $5,870,637 en 2010-11 (que fue reduciéndose hasta lograr un superávit en el año fiscal). Pero, a pesar de esa complicada situación, el Gobierno municipal decidió comprar 18 esculturas marinas con un gasto de $1,122,000. Según el contralor, las famosas estatuas fueron innecesarias; su gasto, inapropiado, y, para colmo, al 2016 ni siquiera habían sido instaladas. Es mismo ayuntamiento gastó 75,000 en la “rehabilitación” de la biblioteca pública. Pero, según una inspección de la Oficina del Contralor, la biblioteca en cuestión permanecía cerrada, y sus libros, acumulados en el suelo.
Tome usted el caso de Santa Isabel. El municipio ha arrastrado un déficit que comenzó con $369,891 en 2010-11 y aumentó a $4,492,731 en 2013-14. Sin embargo, a pesar de estar “en la quilla”, el Gobierno municipal decidió gastar $11,815 en dos placas y 38 letras en bronce fundido que al 30 de marzo de 2016 permanecían almacenadas. De allí muévase por un momento a Río Grande, con un déficit que al año fiscal 2013-14 alcanzaba los $3,382,489 dólares. A pesar de ello, el ayuntamiento incurrió en gastos como el de los $808,175 utilizados para la compra de un edificio donde se levantaría una biblioteca electrónica y tradicional. Al 11 de abril de 2016, el edificio, según fotos del contralor, era un cúmulo de escombros.
Según los informes, los malgastos de los Municipios de Ceiba, Culebra, San Germán, Aibonito, Peñuelas o Rincón casi alcanzaban los $5 millones en “obras” o bienes adquiridos, como butacas, pistas, canchas o paseos lineales que permanecían incompletos, destruidos o abandonados.
En definitiva, un total desenfoque administrativo que ha llevado a los municipios a gastar lo que no tienen en asuntos totalmente innecesarios. Hoy, cuando el lobo ha llegado y la crisis solo parece empeorar, conviene preguntar si la culpa por la debacle en las finanzas de los ayuntamientos es solo echura del Gobierno central o conviene compartirla con los alcaldes y Legislaturas municipales que se han colgado en la administración de los chavitos de sus ciudadanos. Parece evidente cuál es la respuesta.
