Retomemos por un momento a Federico Nietzsche, el filósofo alemán autor de La genealogía de la moral, un trabajo que desmenuza las concepciones del bien y el mal que se imponen desde los grupos de poder para imputar y condenar todo aquello que les parezca infame y perverso.
Postula Nietzsche que “la moral es la gran mentira de la vida”, una aseveración que vuelve a nuestras mentes cuando escuchamos algunas voces de políticos del país que se refugian en la alegada “libertad religiosa” para imponer visiones fundamentalistas amparados en una selección restricta de preceptos bíblicos, tal y como ocurre en la discusión sobre el Proyecto de la Cámara 1018, denominado como Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.
PUBLICIDAD
De aprobarse, esta medida permitiría que una persona rete y eluda cumplir una ley o cualquier norma impulsada por el Gobierno si entiende que violenta sus creencias. Sus proponentes han señalado que su intención es “proteger las creencias religiosas de la ciudadanía de algunas leyes generales que, de alguna manera, puedan incidir en sus principios”.
Es un discurso peligroso cuando viene cargado de malas intenciones. Cuando cada frase oculta una mirada prejuiciada, segregacionista y discriminatoria. Cuando las expresiones discurren entre una ruta separada por senderos del bien y el mal; lo correcto e incorrecto; lo decente e indecente.
Tras esa intención legislativa hay un manto de moral religiosa que sirve bien para quienes se empeñan en despotricar contra los demás. Tal moral mancha reputaciones y reproduce modelos de conducta que no deben tener cabida en una sociedad plural y democrática.
Cuando los políticos hablan de moral incluyen, como parte esencial de la expresión, la presencia de una alegada “escala de valores” que, dicen, debe delimitar la conducta humana para regir el orden social. No se dan cuenta, o tal vez sí, que esa apreciación se torna en vía rápida para el prejuicio y la discriminación.
Ese proyecto, que en la actualidad reposa en la Cámara de Representantes, está fundamentado en una perspectiva dogmática de la moral, un maniqueísmo ideológico del poder sostenido en una visión muy particular del cristianismo que viene armado de la idea del pecado y la culpa.
PUBLICIDAD
El problema está en las consecuencias que viviremos de aprobarse una medida que le impone carácter de ley al prejuicio y al discrimen.
Sabemos que muchos religiosos, en particular quienes buscan la aprobación de este proyecto, son muy vocales contra los derechos de la comunidad LGBTT y que para la pasada campaña electoral se lanzaron a la calle a “negociar” el voto de sus huestes y hasta firmaron un documento con el actual gobernador que se conoció como “Compromisos con el tercer sector y las comunidades de base de fe”.
En esas negociaciones se incluyó la derogación de la carta circular del Departamento de Educación sobre la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas públicas del país, así como la política de retomar la regla de fijar los uniformes escolares conformes al sexo del estudiante.
En ese convenio también estaba el compromiso del entonces candidato a gobernador a defender el matrimonio entre un hombre y una mujer, un pronunciamiento sujetado a dogmas que contravienen el derecho vigente tras la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor de los matrimonios del mismo sexo.
Al momento de anunciar su lista de compromisos religiosos, el hoy gobernador criticó a sus antecesores por haber pecado al mostrar indiferencia hacia grupos religiosos y “exhibir un claro menosprecio por la fe y los valores cristianos de nuestro pueblo puertorriqueño”.
Hay que ser cauteloso con las movidas políticas que buscan la complacencia de un sector que vive obstinado contra la ampliación de los derechos civiles y democráticos para todas y todos.
A ellos, al igual que a los gobernantes de turno, hay que recordarles que de la Constitución de Estados Unidos surgen dos aspectos fundamentales que permiten que un ser humano viva con dignidad. El primero es el concepto de separación de Iglesia y Estado, y el segundo la idea de preservar y defender los derechos individuales de la ciudadanía sin exclusión.
