El plebiscito del 11 de junio acabó siendo un monumental fracaso para el Partido Nuevo Progresista. Tal como muchos analistas habíamos anticipado, no fue un proceso para recoger el sentir del pueblo; fue meramente un ejercicio de movilización de un solo sector de la población. Lo que reveló fue una merma en el apoyo a la estadidad o, como mínimo, un hastío generalizado de la vasta mayoría del electorado y del pueblo con la política puertorriqueña y el tema del estatus. Aun así, de todo se aprende. A continuación, algunas lecciones de este proceso.
Ganó la apatía. Para los electores no afiliados y para muchos electores del PNP, no acudir a las urnas fue un reflejo del cansancio con los procesos políticos y con el debate público en Puerto Rico. La tendencia viene notándose desde la elección del 2012 y se agudizó en el 2016. El plebiscito acabó siendo la máxima manifestación de este fenómeno. De noviembre al presente, el gobernador perdió cerca de 160,000 votos, si tomamos su nivel de apoyo en la elección general, que de por sí fue bajo, como un indicador del tamaño de la base del PNP. El no haber podido movilizar personas fuera de su base igualmente es un reflejo de cuán hartos están los electores no afiliados de un debate constante entre anexionistas, independentistas y estadolibristas. Similar al hartazgo francés con el debate entre izquierda y derecha, el desinterés puertorriqueño podría ser terreno fértil para movimientos que rompan con la presente dicotomía política.
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Ganó el boicot. Aunque algunos medios pretendieron minimizar el impacto del boicot —culpa en parte del Partido Popular Democrático y su llamado a ir “pa la playa”—, lo cierto es que la total ausencia de electores no-estadistas, salvo por menos de 15,000 electores que marcaron las otras dos alternativas en la papeleta, solo se puede explicar por la decisión de diversos partidos y movimientos de convocar a sus afiliados a quedarse en sus casas. Al puertorriqueño le gusta votar, más aún al popular. El que tantos electores hayan optado por no hacerlo es prueba del éxito de la estrategia política que, por razones diferentes, adoptaron estos grupos.
La participación fue bajísima. Aunque parezca obvio, hay que enfatizar en este punto, toda vez que el PNP, aun insistiendo que “solo el que vota cuenta”, ha utilizado toda suerte de dato inexacto y abiertamente falso para tratar de hacer ver que la participación fue adecuada. La realidad es que, habiendo votado menos del 23 % de los electores inscritos, el plebiscito acaba siendo uno de los eventos de menor participación en la historia del país. En tiempos recientes, el referendum de la unicameralidad tuvo un nivel de participación levemente más bajo, pero con mayor número absoluto de electores. El PNP, en el poder en la Legislatura en el 2005, ignoró ese mensaje del pueblo. Ahora pretenden que el Congreso de Estados Unidos sí responda a una decisión tomada sin la participación de más de tres cuartas partes del electorado. Ni hablar de que los últimos tres plebiscitos, en 1993, 1998, y 2012; todos contaron con tasas de participación de más del 70 %.
El PNP se disparó en el pie. Aun si pudiesen convencer al Congreso de que tienen un mandato mayoritario a favor de la anexión, el mismo liderato de ese partido le dio la excusa perfecta al Gobierno federal para no actuar. No acatar la solicitud del Departamento de Justicia para que se pospusiera el plebiscito y así poder evaluar el contenido de la papeleta es una razón idónea para justificar el silencio de Washington. Los americanos son locos buscando justificaciones para no actuar en temas relacionados con Puerto Rico. Aquí el PNP se la puso en bandeja de plata.
Hay una oportunidad para un proceso nuevo. Los $2.5 millones en fondos federales para la celebración de un proceso plebiscitario siguen estando disponibles. El partido, candidato o movimiento que quiera romper en el 2020 con el debate de estatus que, como ya dije, tiene cansado y harto al pueblo, debería proponer la creación de un comité de negociación con Justicia federal. Dicho comité, compuesto por diversos sectores y partidos políticos, se encargaría de redactar y obtener la aprobación del Gobierno federal de las definiciones de estatus disponibles para Puerto Rico. Una vez negociado el proceso, y obtenida la preautorización de Justicia, se podría celebrar un plebiscito sancionado por el Gobierno federal. En el ínterin, y habiendo creado un proceso aparte para atender el estatus, el Gobierno podría encargarse solo de gobernar a Puerto Rico y restablecer el crecimiento económico.
