Promesa de transparencia

Lea la columna de opinión de Mariliana Torres

Promesa de transparencia

Regresamos al punto de partida. Promesas de transparencia y nos quedamos con la ilusión porque del dicho al hecho hay un largo trecho. Si fuéramos a contar las veces en que los políticos dijeron la palabra transparencia en la pasada campaña electoral, quizá el número podría pasar el centenar. Pero ¿qué ha sucedido? La negación de documentos que son indispensables para llevar a cabo trabajos periodísticos de investigación sigue siendo la constante. La petición de documentos de los organismos que agrupan investigadores periodistas al Gobierno no es capricho. Cada ciudadano que vela por su cartera tiene el derecho a conocer en qué se gasta su dinero. Es decir, las demandas de transparencia se basan en el derecho a conocer la verdad. Al fin de cuentas, el pueblo es quien paga los sueldos engrosados, tarjetas de crédito, estadías, viajes, carros, gasolina y las decenas de tazas de café que se sirven a diario con pastelillos. Si las cuentas están bien y cumplen con la ley, fantástico. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) nuevamente ha tenido que recurrir a los tribunales, pero, en esta ocasión, en el Tribunal de Distrito Federal de San Juan, para demandar a la Junta de Control Fiscal amparada en la Constitución y las leyes de Puerto Rico, que, tal como señala la demanda, reconocen el acceder a la información como un derecho humano y constitucional de rango fundamental. Además, también el organismo radicó una demanda contra La Fortaleza y el gobernador Ricardo Rosselló por peticiones de información. Es una situación alarmante, pues la institución ha tenido que acudir al auxilio de los tribunales ante la inacción de las agencias y sus directivos con la petición de información que es pública. Se anticipaba esta medida para recabar información tan pronto se conformó la Junta de Control Fiscal, pues todo su proceder estuvo enmarcado en secretividad. Se supone, de acuerdo con la Ley PROMESA, que el Gobierno radique diversos informes y que los ciudadanos tienen derecho a conocer su contenido. Igualmente ocurre con el contenido que se ha convertido en secreto entre el Gobierno y sus agencias, y la Junta, así como los documentos intercambiados entre el Departamento del Tesoro o cualquier funcionario de esa u otra agencia o funcionario del Gobierno federal sobre el estado de los trabajos de la Junta. ¿Alguien conoce los detalles financieros de los miembros de la Junta? Se ha especulado, pero certificado por documentos oficiales no. Los constituyentes tienen derecho a conocer los planes fiscales y los estados financieros auditados. Ese detalle es fundamental para poder conocer el futuro de sus empleos, seguridad financiera del hogar, planes de contingencia por recortes fiscales y más que todo conocer por donde se fue el dinero y quién lo utilizó. En Grecia, durante su crisis financiera mundialmente conocida, por ejemplo, cuando se auditó y se investigó fueron muchos los funcionarios gubernamentales implicados y varios los que tuvieron que responder a las autoridades con cárcel. Para luchar por Puerto Rico tenemos que despejar dudas. Fíjese que la Junta, en su portal, publicó documentos de carácter económico, pero hace cuatro meses no contesta si esos documentos del Gobierno fueron sometidos al Departamento del Tesoro, si fueron los únicos y si fueron evaluados por alguna agencia del Gobierno federal. Ese reclamo de información del CPI es básico, pero sigue sin respuesta.

Uno de los trabajos más duros que tiene actualmente la prensa es acceder a la información. ¿Por qué no se fomenta la transparencia cuando era promesa de campaña? La transparencia evita la corrupción y promueve la calidad de vida de los ciudadanos. La disparidad para poder acceder a la información es alarmante a pesar de que se ha legislado y que muchos países han aceptado entrar en alianzas para evitar violar el derecho que tiene todo ciudadano a estar informado. Si ante la petición de acceder se les niega la información a todos los ciudadanos, el Gobierno podría estar ocasionando un daño real.