Poco se conoce de las grandes dificultades que enfrentan las organizaciones del tercer sector que se dedican a la acción social. Poco se habla de cómo estas instituciones sin fines de lucro responden a la crisis económica que atraviesa el país siendo un actor estratégico importante en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
Sin embargo, gracias a la labor del tercer sector, amplios sectores del país han logrado fortalecerse frente a la adversidad, salir adelante y pensar en un mejor futuro, uno de mayor progreso social, de mejores posibilidades económicas y con mayor equidad.
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En Puerto Rico, el tercer sector atiende a las poblaciones más excluidas, los más vulnerables y pobres. Hablamos, por ejemplo, de jóvenes que por diversas circunstancias han abandonado la escuela tradicional y, en su anhelo por hallar una ruta hacia la superación, encuentran en la educación alternativa la opción para atender sus necesidades educativas con herramientas que los forman para continuar estudios técnicos y universitarios, así como para emprender proyectos sociales y económicos.
También hay organizaciones que a través de intervenciones educativas se ocupan de las necesidades de salud de las mujeres en áreas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes, violencia y maltrato.
Asimismo, están las que centran su labor en las personas sin hogar y en quienes sufren de la enfermedad de las drogas. Son las que abogan porque se reconozcan y respeten sus derechos fundamentales e impulsan políticas públicas inclusivas que abonen a una convivencia saludable.
La lista es larga y, de seguro, cada organización sin fines de lucro aporta con sus acciones a la construcción de una mejor sociedad. Más aún, sin estas miles de ciudadanos quedarían desprovistos de los servicios esenciales que garantizan mejores condiciones de vida.
No hay duda de que estas instituciones representan la garantía de sobrevivencia para muchas y muchos puertorriqueños, justo en momentos en que el Estado ha ido reduciendo sus servicios y, por ende, lanza al olvido las necesidades e intereses de los menos afortunados.
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Por eso, resulta preocupante la propuesta de presupuesto que ha sometido el gobernador a la Asamblea Legislativa y que contempla un recorte de más de un 23 % en las subvenciones y aportaciones que recibe este sector.
Al actuar de esa forma, el Gobierno pasa por alto que esa reducción supondrá una disminución de los servicios que hoy reciben los sectores más vulnerables del país y para los que el Estado no tiene alternativa ninguna. En algunos casos, el impacto de los recortes pudiera implicar la desaparición de muchas entidades sin fines de lucro, hecho que inexorablemente implicará menos atención y cuidado a personas, colectivos y comunidades desventajadas.
La mirada que ha trazado el Gobierno sobre el tercer sector es errada. En momentos de crisis como los que vivimos, urge que las autoridades gubernamentales se aferren más a las organizaciones sin fines de lucro, apoyando y fortaleciendo su gestión, no desmereciéndolas.
Rectorar en más de 23 % los fondos destinados a apoyar la gestión de las entidades que atienden directamente las necesidades educativas, culturales, de salud, trabajo, vivienda y alimentación de amplios sectores de nuestra población es una postura errónea que provocará ensanchar más nuestros márgenes de desigualdad y pobreza.
Deben entender el Gobierno y sus funcionarios que los recursos que se designan a las organizaciones sin fines de lucro no son un gasto, sino una inversión en la calidad de vida de nuestra gente. Esto porque, precisamente, es el tercer sector desde donde se trabaja para lograr una mayor cohesión en nuestra sociedad.
No priorizar su labor es una política pública equivocada. El pasado cuatrienio, la administración gubernamental golpeó fuertemente a las organizaciones sin fines de lucro al reducir sus fondos, lo que provocó que muchas entidades disminuyeran sus servicios. Paradójicamente, esto ocurrió al tiempo que las necesidades de nuestra ciudadanía requieren de mayor atención.
El actual gobernador subrayó en su plataforma programática la promesa de aportar al fortalecimiento de las organizaciones sin fines de lucro. Quitarles recursos, como hoy se pretende hacer, es una acción que contradice la palabra empeñada. La esperanza está ahora en la acción legislativa.
