Si fuéramos a comparar el escenario político actual con una temporada deportiva, podríamos decir que llegamos a la final.
Tras la presentación que hizo anoche el gobernador del proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal, según acordó con la Junta de Control Fiscal, ahora la bola pasa a la cancha de la Legislatura, anticipándose un juego más duro y más público.
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La Ley PROMESA, aprobada por el Congreso hace casi un año, establece que el presupuesto que se determine para la operación del Gobierno de Puerto Rico tiene que satisfacer a la Junta. Ya ese ejercicio lo hizo el gobernador en el diseño de la pieza que presentó anoche. Pero esa dinámica fue secreta y nadie se enteró de quién fue el que finalmente prevaleció.
Ahora el terreno de juego será en una cancha abierta y sin límite de entrada en el Capitolio. La Cámara y el Senado comenzarán hoy a analizar el proyecto sometido. En ese ejercicio, típicamente la Legislatura evalúa, hace cambios, redefine prioridades y aprueba un documento que dicta la política fiscal del país. Claro, eso era antes de PROMESA. Ya bajo el nuevo estatuto federal, es Washington, a través de Carrión, Jaresko y compañía, el que ha determinado la política fiscal de nuestro país. Y, al amparo de esos lineamientos establecidos en el documento aprobado en marzo, es que tiene que conducirse el Gobierno local. PROMESA, como ya se ha requeteanalizado, ha puesto en suspenso todo el ordenamiento político legal de autogobierno que se nos hizo creer desde la creación del Estado Libre Asociado.
Con sus altas y bajas, la relación del gobernador Rosselló con la Junta de Control Fiscal ha parecido cordial. Ese tono pudiera ser otro ahora en la rama de gobierno llamada a establecer (según nuestra derogada Constitución) la política pública del país. Ya ha dicho Thomas Rivera Schatz que él no actuará bajo los dictámenes de la Junta. Ha cuestionado su legitimidad y hasta su operación administrativa a la luz de los gastos en contrataciones en los que ha incurrido. La Junta ha optado por dialogar hasta ahora solo con la Cámara, porque es el cuerpo legislativo con jurisdicción primaria en el tema presupuestario. Sin embargo, más temprano que tarde tendrá que ocurrir alguna interacción con el Senado, donde hay igual poder para decidir sobre el asunto.
En la víspera del mensaje del gobernador, Rivera Schatz dijo en La Fortaleza que ellos aprobarían el presupuesto que quiera el gobernador porque entienden que cumplirá con el plan fiscal que ellos lograron pasar ante la Junta. Sin embargo, está por verse hasta dónde está dispuesto llegar Rivera Schatz si la Junta, en este proceso que comienza hoy, busca imponer o revertir algún cambio al presupuesto acordado, que se quiera introducir desde ese cuerpo legislativo. PROMESA dice que la Junta está por encima de la Legislatura. Por eso, cabe preguntarse en esta coyuntura: ¿estará dispuesto el presidente del Senado a retar, incluso legalmente, la autoridad de la Junta?
Este mes será la última prueba que tiene la Junta Fiscal federal para legitimar la supremacía legal que le otorga la ley que la creó. Si ganan, la Junta estará en un espacio mucho más cómodo para ejecutar sus dictámenes en el futuro. Si son retados (lo que debería ser la estrategia obvia de cualquiera que favorezca la descolonización), el dilema financiero y político de Puerto Rico parecería más complicado para la metrópoli.
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Un presupuesto nacional es un documento de contabilidad en el que se establecen los objetivos colectivos y las prioridades para atender las necesidades más apremiantes de la sociedad. Es un documento en el que se fijan los gastos y se estiman los ingresos para un periodo. En el escenario perfecto, un presupuesto se guía por una política fiscal que atienda las fallas del mercado, haga crecer la economía, amortigüe los vaivenes financieros y permita alcanzar la eficiencia económica. Así que no estamos hablando de cualquier cosa.
Este partido está en la final y en el próximo mes conoceremos a los campeones.
