La madriguera del conejo en Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas es una metáfora representativa de la locura. Quien entra en ella se desorienta. Con cada paso que da el camino se complica, y la salida se hace cada vez más lejana. La madriguera de Ricky es el plebiscito del 11 de junio, y el conejo que persigue, cada vez adentrándose más y más dentro de un laberinto inescapable, es la aprobación del Departamento de Justicia federal.
El Jueves Santo, el secretario de Justicia le informó al Gobierno que la papeleta y la campaña educativa del plebiscito no cumplían con las leyes de Estados Unidos ni con la política pública de la administración de Trump. Por Twitter, el gobernador indicó, esa misma noche, que resultaba “inaceptable incluir la colonia en un proceso para descolonizar a P. R.”. Si bien discrepé —y discrepo— de su caracterización de Puerto Rico como una colonia, creo que su primera respuesta fue, políticamente, la correcta.
Desconozco lo que sucedió entre ese exabrupto y su eventual aceptación de enmiendas a la ley del plebiscito. Algunos medios reportaron que se comunicó con Thomas Rivera Schatz, Jenniffer González y el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, y que estos lo convencieron de que convenía proyectar que el plebiscito contaba con el aval de Justicia federal.
Para Ricky, sin embargo, enmendar el proyecto fue, inadvertidamente, el primer paso hacia el abismo. Desde entonces, las respuestas del Gobierno a las preguntas de los medios sobre el inoficioso y fútil plebiscito del verano han sido muestra de la falta de dirección ideológica y estratégica del PNP.
La más reciente fue en boca del secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, el Lcdo. Ramón Rosario. Según él, el Gobierno no ha “descartado la posibilidad de recibir el dinero federal antes de la consulta o, luego, por reembolso. No obstante, debido a que ya acogimos las recomendaciones del Departamento de Justicia sobre las definiciones de estatus, llevaremos a cabo la consulta para resolver el problema colonial de Puerto Rico. Los fondos locales ya están identificados”. Dijo, además, que no se cambiaría la fecha del plebiscito en espera de una segunda respuesta de Justicia.
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Esta posición de La Fortaleza nos obliga a preguntarnos porqué ahora una segunda respuesta de Justicia no ameritaría igual reacción del Gobierno de Puerto Rico, lo cual, a su vez, revela el problema inherente a la respuesta de la administración ante el primer rechazo del que fue objeto el plebiscito. Si el aval de Justicia era tan importante en Semana Santa, ¿por qué no lo sería a menos de un mes de la consulta? ¿Cómo se justifica que las primeras enmiendas eran necesarias —para lograr el aval de Justicia—, pero que una segunda vuelta de cambios sería prescindible?
Si no aceptan más enmiendas o la posposición del plebiscito, no tendrán ni los fondos para pagar parte de esta costosa farsa, ni la muy cacareada sanción federal al proceso. Ni mucho menos una razón para justificar el que hayan querido procurar la aprobación federal en primera instancia, pero que ahora les resulte innecesaria. Quedaría el plebiscito en un estado de total indefensión. Ni siquiera la base del PNP se sentiría convocada a un proceso que el propio partido se encargó de desacreditar.
Si aceptaran más enmiendas, podrían perder las ventajas artificiales que han procurado desde el comienzo de este cuatrienio. Añadir el Estado Libre Asociado, sin apelativos peyorativos, le restaría apoyo a la opción anexionista. Empujar la fecha obligaría al PNP a defender no solo la estadidad, sino también las medidas de recortes y austeridad fiscal que su plan fiscal impondrán a partir del 1 de julio.
En fin, que el primer instinto de Ricky fue el correcto. Evitar la proverbial madriguera le convenía. Hoy por hoy, el PNP va solo a un plebiscito cuyo resultado es conocido. Alienaron a sus aliados en el PIP incluyendo “el estatus territorial actual”, así restándole legitimidad política al proceso.
Ricky debió haberse atrincherado ideológicamente e impulsado el plebiscito tal cual lo había legislado originalmente. El no haberlo hecho lo coloca en la absurda posición de acabar con un plebiscito cuyo diseño no es idóneo para sus aspiraciones y que no cuenta con el tan añorado aval del Gobierno federal.