Por: Denis Márquez
En días recientes, la secretaria del Departamento de Educación anunció el cierre de 179 escuelas. Este cierre es un golpe al derecho a la educación y al acceso público, gratuito y apropiado que garantiza las leyes; el acceso de los estudiantes de educación especial al plantel más cercano; disminuye sustancialmente la oferta de escuelas apropiadas; incrementa hacinamiento de estudiantes en los salones, que en promedio exceden los 25 estudiantes; reduce la oferta de centros para ofrecer servicios a los estudiantes; podría implicar la destitución de maestros cualificados, e implicaría una crasa violación a la Sentencia por Estipulación de 2002, del pleito de clase del caso de Rosa Lydia Vélez, la cual impide reducción de recursos materiales y económicos sin consultar a la clase.
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Ante esa cruel e insensible realidad, decenas de comunidades escolares se han organizado para reclamar la permanencia de su escuela. Este reclamo es uno que recorre la isla. He tenido la oportunidad de visitar varias de estas escuelas y conversar con madres, padres y maestros angustiados por la traición a sus niños. El común denominador es el mismo: falta de información y transparencia —se han enterado por la prensa—, desasosiego ante el futuro incierto, pérdida de servicios de educación especial, frustración ante la distancia de la escuela receptora, el cierre de una escuela que incluso el Gobierno ha invertido dinero recientemente.
Ante esta situación, es imperativo que la secretaria de Educación comparezca ante la Cámara de Representantes para requerirle toda la información relativa al plan de cierre de escuelas y solicitar los criterios utilizados para la determinación de la clausura de estas, incluyendo si se hizo algún estudio del impacto a los estudiantes de educación especial; un desglose de las escuelas receptoras, los planteles a ser cerrados y los criterios utilizados para la selección de estas.
En el día de ayer estuve en dos escuelas como parte de nuestra jornada de visitas. La primera, una elemental con un patio interior con unos inmensos y frondosos árboles que sirven de guardianes a decenas de pequeñines. Mientras la sombra de las árboles nos cubría, un grupo de madres me explicaba con vehemencia que es una escuela con maestros y familias comprometidas con la educación de sus hijos, cómo ellas mismas habían logrado que la matrícula aumentara, en la misma escuela sus hijas e hijos recibían servicios de terapias, de lo inapropiado que era físicamente la nueva escuela para niños de escuela elemental. Luego de la reunión, me dirigí a otra escuela cercana con el mismo problema. Una madre me expresó que también irían, pues se trata de “dos escuelas y una sola comunidad”. En la próxima escuela hablé con maestros, madres y estudiantes de escuela superior a los que este proceso les ha servido de aprendizaje para luchar por su escuela, para exigir explicaciones de los que se esconden detrás de su poder administrativo y jugosos contratos pero que no conocen nuestra gente, nuestras escuelas y pretenden que un mero ejercicio matemático sea el criterio para mutilar el derecho fundamental a la educación y con ello saciar la sed de destrucción de la Junta de Control, ente entregado al servicio de los bonistas. La lucha por defender las escuelas continuará, pues se trata de múltiples escuelas, pero una sola comunidad: Puerto Rico.
