No pudiéndose retar ni enmendar el plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico, por virtud de la propia legislación federal conocida como PROMESA, nos corresponde a todos y a todas reconocer que ha llegado el momento de mirar al futuro con la seguridad de que, por primera vez en muchos años, existe la certeza de que el Gobierno de Puerto Rico cumplirá con sus acreedores sin que se vean afectados los servicios esenciales que brinda a los residentes de la isla. Si bien el solicitar las garantías que ofrece el Título III de la mencionada ley ha sido una determinación tomada de manera oportuna, también ha sido el resultado de un esfuerzo por mantener la ruta de progreso que se ha trazado para Puerto Rico.
Es importante reconocer que, cuando la Junta de Supervisión Fiscal notifica al Tribunal federal que se ha activado esta particular sección de la Ley PROMESA aprobada en el 2016, también envía a los acreedores un mensaje de que existe en Puerto Rico un ambiente muy distinto al que imperaba entonces en la isla. Un claro contraste entre la amenazante y mediáticamente publicada posibilidad del impago y la actual visión e interés de cumplir las responsabilidades contraídas en el pasado, de manera que continuemos con paso firme hacia el futuro. Esta gestión es una muestra de la validez del plan fiscal certificado y un reconocimiento de la capacidad que tiene la presente administración de cumplir con el mismo, incluyendo en el presupuesto las correspondientes partidas para el pago de la deuda a razón de alrededor de 800 millones de dólares anuales. Además, la acción no impide que nuestro equipo de trabajo continúe las negociaciones con quienes estén prestos a atender este asunto, de buena fe y fuera de los tribunales.
PUBLICIDAD
Al escuchar el importante anuncio que sobre este particular hiciera nuestro gobernador, el honorable Ricardo Rosselló Nevares, alguien me preguntó a las afueras de la conferencia qué representaba ello para la agenda de trabajo de nuestra administración. Llevaba conmigo, como tantas veces, el Plan para Puerto Rico. Esa fue y es la respuesta. Seguiremos adelante, implantando cada una de las iniciativas diseñadas y aprobadas por nuestra gente, hasta alcanzar las metas que nos hemos establecido como pueblo. El plan fiscal presentado a la Junta y certificado el pasado mes de febrero es cónsono con lo esbozado en la plataforma de nuestra administración gubernamental.
Fácil habría sido en los estilos del pasado. Utilizar la situación a la que nos enfrentamos como excusa en vez de cómo motor y motivación de nuestro esfuerzo. La reestructuración y pago de la deuda está contemplada en el Plan para Puerto Rico, como están también delineadas las estrategias para promover el bienestar general de nuestra gente. Continuaremos laborando, día a día, para garantizar a nuestros residentes su derecho a recibir el cuidado y la atención médica que necesiten, para brindar a nuestras familias la oportunidad de contar con su primer hogar o con la ansiada titularidad de la propiedad en que han vivido por tantos años. Continuaremos trabajando con nuestros servidores públicos para promover la eficiencia gubernamental como eje del desarrollo socioeconómico de la isla. Uniremos fuerzas con el sector privado, con y sin fines de lucro, para transformar a Puerto Rico con nuevas e importantes alianzas público-privadas que redunden en el fortalecimiento de nuestra economía y el ahorro en la gestión gubernamental. Y no descansaremos hasta alcanzar la igualdad ciudadana que por derecho nos corresponde.
Por lo anterior, el activar el Titulo III es, en este momento, un paso más en la dirección correcta hacia el futuro que tanto anhelamos y merecemos. Si hay un instante para continuar adelante, con la frente en alto y la mirada puesta en un nuevo Puerto Rico. Ese tiempo es ¡ahora!
