La Ley 7 de 2009, la insigne medida que marcó al gobernador Luis Fortuño ha servido de lección cautelar para los dos gobernadores que lo han sucedido en el cargo. Hablar de despedir empleados públicos es tabú y con razón; de los motivos para derrotar a Fortuño que más mencionaban los encuestados en las mediciones internas del PPD estaba la salida forzosa de 30,000 padres y madres de familia de la nómina pública. García Padilla se comprometió a no despedir empleados públicos y piense usted lo que quiera sobre él. Esa la cumplió. El actual gobernador hizo la misma promesa, y, aunque su maquinaria de comunicaciones y una prensa complaciente insisten en que no habrá despidos, su plan fiscal lo delata.
En la página 19 de una presentación del 13 de marzo de 2017 del plan fiscal del Gobierno, disponible en la página web de la Junta de Control Fiscal, se identifica el propósito de las medidas de personal contenidas en el mismo. “Improve employee mobilization across government, uniform fringe benefits and eliminate vacation and sick day liquidations to produce higher attrition rates or other payroll-related savings”, reza en inglés el plan del gobernador Ricardo Rosselló. En español: “Mejorar la movilización de los empleados en el gobierno, uniformar los beneficios marginales y eliminar la liquidación de días por enfermedad y vacaciones para producir mayores reducciones de empleados o ahorros relacionados con la nómina”.
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En arroz y habichuelas, eso quiere decir que el Gobierno procurará hacerle la vida imposible al empleado público para que decida, “voluntariamente”, irse. Como escribiera el periodista Ricardo Cortés Chico, en un artículo de portada en la edición del 13 de abril de El Nuevo Día, “esta reducción de unos 18,000 trabajadores de gobierno técnicamente no implica el despido de empleados públicos, por lo que cumplirá con la política pública expresada por el gobernador”. Sin embargo, en el argot jurídico, eso es un despido constructivo, lo cual, conforme a nuestro derecho laboral, es ilegal.
Veamos un ejemplo. Si la Empresa Acme despide a Juan sin una razón legal, se activa la Ley 80 sobre despidos injustificados. Si, en cambio, la Empresa Acme le dice a Juan, quien vive y trabaja en Bayamón, que de ahora en adelante tendrá que reportarse diariamente a las oficinas de la empresa en Cabo Rojo, que se le reducirá el salario, que se le cortará el plan médico y que se le quitarán cinco días de vacaciones, Juan podría decidir renunciar. Esa renuncia, por las condiciones que la rodean y notándose la intención del patrono por provocarla, sería un despido constructivo.
En el caso que nos ocupa, tenemos una admisión por parte del Gobierno de que esa es precisamente su intención. Descaradamente y en un intento por complacer a la Junta de Control Fiscal, reconocen que quieren provocar renuncias en el Gobierno. Sus dos herramientas principales para lograr esta meta lo son la Ley de Empleador Único y el Proyecto de la Cámara 938.
La primera de estas dos medidas se le vendió al país como una forma de maximizar el recurso humano que no implicaría despidos. La segunda reduce beneficios adquiridos o convenidos por los empleados del sector público. Y si bien en algunos convenios colectivos hay excesos —recordemos que la AMA le concedía el Día del Astronauta como feriado a sus empleados unionados— el propósito detrás de estas medidas, revelado en el plan fiscal de Rosselló, raya en la ilegalidad.
La hipocresía demostrada por el Gobierno no solo le costará políticamente, sino que, además, le costará a la economía del país. Si el Gobierno se ha abocado a un camino en el que sus medidas van dirigidas abiertamente a reducir la participación laboral, está, además, promoviendo el achicamiento de la economía. Entre los impuestos adicionales y la reducción de empleos que procura el Gobierno, la clase media está siendo exprimida por ambos lados. El resultado final será aumentar las presiones migratorias hacia el exterior.
Al final del día, menos empleados y menos residentes son también menos consumidores y menos contribuyentes. Sin ellos, no habrá forma ni de crecer la economía ni de repagar una cantidad reducida de la deuda. Como han dicho los miembros de la Junta, todos tenemos que estar dispuestos al sacrificio. Pero esos sacrificios no pueden ser impensados y su resultado final tiene que ser una salida a la crisis, no su profundización.
