Por: Denis Márquez
Representante por el PIP
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Anoche quedó consumado el más reciente atentado en contra de la clase trabajadora puertorriqueña. La Legislatura, controlada por el Partido Nuevo Progresista, aprobó la llamada Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Proyecto de la Cámara 938), que, como he dicho en múltiples ocasiones, pretende arrebatarles a los empleados públicos conquistas laborales obtenidas luego de décadas de lucha. En vistas públicas de la medida, comparecieron varias organizaciones sindicales, y el consenso fue primordialmente uno: un total repudio a la propuesta que evidentemente continúa el patrón del menoscabo de derechos y la agudización de la pobreza de los y las trabajadoras que día a día, con su trabajo, son la espina dorsal del país.
La recién aprobada ley no es otra cosa que la persistencia de las políticas neoliberales de la actual administración en cumplimiento de los mandatos de la Junta de Control que en nada aportan al desarrollo económico de Puerto Rico. La ley reducirá drásticamente la licencia de vacaciones, el bono de Navidad y las aportaciones patronales al plan médico, entre una serie de reajustes en detrimento al trabajador y trabajadora puertorriqueña. Lo he dicho en varias ocasiones y hoy lo vuelvo a repetir: con este proyecto se pretende sacrificar a los que ya lo han sacrificado prácticamente todo.
Ante este contexto, en unión a los pasados atropellos bajo el Partido Popular —como la Ley 66, por ejemplo— y la Junta de Control Fiscal, este próximo 1.o de mayo, adquiere una envergadura especial, tal vez como pocas veces lo hemos vivido, en la que se requerirá que todas y todos reflexionemos sobre qué tipo filosofía sea la que gobierne a Puerto Rico entre las partidos que impulsan agendas contrarias al pueblo o acciones que promuevan verdaderamente un pleno desarrollo económico, social y político mediante la descolonización. Es también imprescindible e imperativo renovar votos de acción y compromiso que den paso a la tan urgente y necesaria justicia social.
A ese escenario, hay que sumar las recientes declaraciones de la superintendente de la Policía a los efectos de que la agencia está monitoreando las redes sociales de grupos y ciudadanos de cara al Paro Nacional del 1.o de mayo, algo que, junto al senador Juan Dalmau, denunciamos que desde hace años, gracias al esfuerzo y la lucha del independentismo, los tribunales en Puerto Rico declararon inconstitucional la nefasta práctica del carpeteo. La confesión la superintendente está reviviendo una práctica ilegal, violatoria de los derechos humanos y civiles de miles de manifestantes y constituyen una admisión y una violación a las sentencias y a la jurisprudencia que condena esta práctica que por décadas realizó ilegalmente la Policía. Indiqué, entonces, que se trata de una nueva y condenable modalidad de persecución y carpeteo en pleno siglo XXI. No podemos olvidar tampoco a la Universidad de Puerto Rico y a nuestros estudiantes que luchan por preservarla ante los designios impuestos por la Junta de Control.
Por todas estas razones, hoy más que nunca vamos al 1.o de mayo no solo para la justa reclamación de derechos despojados, sino también con una visión clara de los partidos que queremos que nos gobiernen: ¿aquellos que ya nos han atropellado una y otra vez o aquellos cuyas propuestas coinciden con las aspiraciones de los trabajadores?
