La conmemoración del Día Internacional del Trabajador, que tradicionalmente se realiza el día primero de mayo, ha sido igualmente replicada en el territorio de Puerto Rico, principalmente por la influencia de los Estados Unidos continentales, presente desde los orígenes del movimiento obrero en la isla. Como parte de los eventos del día, recordamos cuán importante es el diálogo pacífico al momento de alcanzar nuestras metas. Lo anterior, pues, como ciudadanos de bien, es más lo que nos une que aquello que nos separa.
En el Puerto Rico de hoy, ante la crisis fiscal que representa un déficit gubernamental de más de 7,600 millones de dólares y el estancamiento de la economía de la isla por los actos y omisiones que caracterizaron a algunas administraciones públicas, es imperativo reconocer que nos corresponde a todos y todas poner de nuestra parte para salir adelante. La ley federal conocida como PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal que la misma establece y viabiliza ocupan un campo sin precedente en la isla como resultado de la solicitud al Congreso de los Estados Unidos que hiciera la pasada administración.
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Uno tiene que preguntarse por qué los mismos que, conociendo las limitaciones que presenta nuestro estatus territorial actual, aún bajo la autoridad y poderes del Congreso, ahora pretenden no conocer la importancia de hacer necesarios ajustes en la manera en que establecemos una nueva estructura de gastos. Nuestra gente conoce muy bien los efectos de los presupuestos desbalanceados, de la agresiva adquisición de deuda cuando, por otro lado, se practica la pasividad o nos acostumbran a la dejadez en el cumplimiento con las obligaciones contraídas. A nadie sorprendió el consejo o sugerencia ofrecido el 18 de enero de 2017 al Gobierno de Puerto Rico para atender la crisis heredada. No obstante, es meritorio recordar que, además de eliminar o reducir 700,000 mil vidas de la tarjeta de salud, reducirles el 10 % en sus pagos regulares a todos los pensionados y pensionadas y recortar 300 millones de dólares en gastos en la Universidad de Puerto Rico, principalmente el mismo consistía básicamente en un requerimiento al Gobierno de Puerto Rico de reducir la nómina pública en 30 %, significando el despido de 45,000 servidores públicos o un recorte de una tercera parte de sus salarios.
No obstante, en lugar de simplemente aceptar como buenas y dar por hecho las recomendaciones realizadas por el recientemente instituido organismo, comúnmente conocido como “la Junta”, la administración del honorable Ricardo Rosselló Nevares, con el respaldo de los cuerpos legislativos, presentó un plan fiscal en el que no se despide a un empleado público, no se le elimina el derecho a la salud a ningún tarjeta-habiente de Mi Salud, defiende las pensiones de los más vulnerables y le allega nuevos ingresos a la Universidad de Puerto Rico. Con el genuino interés y compromiso de mover nuestra economía y hacer más eficiente el aparato gubernamental, se aprobaron una serie de medidas legislativas que, junto al establecimiento de un “presupuesto base cero” y la conversión del sistema de administración de personal anterior a uno de “empleador único,” garantizan la implantación de las propuestas con las que se pretende proteger, por el bien colectivo, el taller e ingreso principal de 45,000 empleos directos y de aquellos que indirectamente, a su vez, estos sostienen o promueven.
Este lunes, 1.o de mayo, debemos mirar nuestra realidad presente y caminar al futuro conscientes del esfuerzo que nuestros seres queridos y conciudadanos realizan cada día. Reflexionar sobre la precariedad fiscal y conmemorar la importante fecha dando gracias a Dios por su bendición del trabajo que aún tenemos y la responsabilidad que cada uno y una aquilata y ostenta de evitar el inmovilismo y construir día a día el nuevo Puerto Rico.
