Dice una famosa canción de Violeta Parra: “Me gustan los estudiantes… Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría”.
Ha sido un tema que ha servido para reconocer el atrevimiento, la irreverencia y el fervor de un sector poblacional que históricamente se presenta como el frente de las más duras batallas sociales en el mundo entero.
En la coyuntura en la que se encuentra Puerto Rico, esto no ha sido la excepción. Sin embargo, en nuestra isla la opinión más común en la calle tiende a criticar las acciones de los jóvenes y hasta criminalizarlos.
En cualquier esquina en la que uno se para, el menos informado de los ciudadanos expresa malestar por lo que ocurre, no necesariamente responsabilizando al presente gobierno, sino por el cúmulo de decisiones que se tomaron en el pasado y que nos han traído a este oscuro presente. Se escucha la frustración por doquier y se asume la emigración como el “plan A” en muchas familias. Se percibe también incomodidad, al menos con la operación de una Junta de Control Fiscal ajena a nuestra realidad democrática —concepto sobrestimado en estos tiempos— y que está tomando las decisiones que rigen nuestro aparato público. Se nota, además, en la calle desconocimiento sobre el concepto de la deuda externa y confusión sobre la data real que viene desde el oficialismo. Pero nada de esto es motivación suficiente como para que ocurra una movilización del ciudadano “de a pie”, de manera significativa, en nuestras calles. Así que todo ha descansado en las protestas de nuestros estudiantes, específicamente de la Universidad de Puerto Rico.
Han sido los estudiantes los que se han tirado a la calle exigiendo la auditoría de la deuda externa, los que protestan con vehemencia el recorte de beneficios para los trabajadores del sector público, los que censuran las imposiciones de la Junta Fiscal y revelan las interioridades del polémico organismo federal, y, por supuesto, los que objetan los dramáticos recortes en la UPR. El resto del país observa y protesta desde la comodidad que permite Facebook, ya sea por una ausencia total de solidaridad o porque las complejidades de la vida cotidiana lo impiden. Por la razón que sea, lo que es reprochable es que, aun discrepando de sus estrategias de lucha, se censure al estudiantado por estar en la calle ejerciendo un derecho a la libertad de expresión y asumiendo la defensa de algunas causas que quizás en lo inmediato no les compete. Se les tilda de violentos y terroristas cuando la historia nos dice que la última muerte en medio de un proceso huelgario universitario fue responsabilidad de la Policía en la década de los 80.
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Hay otros que dicen que los que protestan en la IUPI son los mismos, cuando la realidad es que, entre huelga y huelga, han pasado generaciones y distintos perfiles de estudiantes. Lo que es igual han sido dos cosas: la capacidad a indignarse por las cosas que no se entienden correctas y el bipartidismo que ha mal manejado los recursos públicos en Puerto Rico.
Sobre la UPR, soy de los que creo que, si hay una huelga que se justifique más, de todas las que han ocurrido en nuestra historia reciente, es esta. El recorte que propone el Estado, por la vía local y federal, será devastador para el proyecto universitario público, espina dorsal de nuestro país. Sin una huelga, los estudiantes, con toda seguridad, no habrían logrado ni la mitad de la atención que han conseguido de parte del público y los funcionarios en el poder.
Ayer quedó desmoronada otra crítica a la huelga cuando la Middle States afirmó que evalúa el impacto del recorte presupuestario sobre la viabilidad de la universidad pública. Así que ya no son solo los estudiantes los que podrían provocar la desacreditación. Ello también está en manos de los gobernantes.
Creo que el Gobierno y, pues, la Junta tienen que reconsiderar el golpe no calculado a la UPR, reconociéndose, claro está, desde la Universidad que tienen que hacerse ajustes razonables, no solo para aportar a la crisis fiscal, sino para también atemperarla a las tendencias actuales, pero nunca sacrificando la esencia del proyecto universitario público.
La educación es el motor de cualquier país. Debe ser gratuita y accesible. Recortarle recursos mediante un frío cálculo matemático sin medir consecuencias, como ya admitió un oficial de la Junta Fiscal, es un acto despiadado y maquiavélico. Es hora de que se abran los portones de la UPR, en todos sus recintos, pero que ocurra porque se ha desistido de quitarles recursos.