¿Trata humana con fondos públicos?

Lea la columna de opinión de Julio Rivera Saniel.

Por Julio Rivera Saniel

Las pasadas semanas han sido de ratificación y sorpresa. Ratificación por cuanto las denuncias que me habían presentado diversas voces del mundo científico que trabajan con personas adictas a sustancias controladas probaban ser ciertas. Sorpresa porque lo sospechado superaba mis expectativas.

No es otra cosa que la modalidad de trata humana conocida en Estados Unidos como air bridge. Un puente aéreo en el que personas con adicciones son enviadas desde Puerto Rico a supuestos centros de rehabilitación en diversas ciudades de ese país. Y en ellas lo que encuentran se aleja de lo prometido. Malos tratos, insultos, explotación económica, al utilizarles para cobrar cupones de alimentos, hurto de documentos oficiales y hasta prostitución. A eso y más se exponen muchos de los que cruzan el charco. Ya en los años 2014 y 2015 Noticentro había trabajado el tema. Entonces los presuntos implicados me aseguraban que todo era cosa del pasado. Mentían.

Según lo que ha encontrado Ángel Cruz, puertorriqueño y representante por el distrito 180 de Filadelfia, lo más preocupante del caso es que quienes envían a estos ciudadanos son municipios, líderes religiosos y hasta familiares. Todos pecan por intención u omisión. Por enviarlos a estas cárceles disfrazadas de buena intención a sabiendas o por fallar al no investigar la verdadera naturaleza de esas instituciones. Para que tenga una idea, según el Negociado de Relaciones con la Comunidad de la Policía, entre 2005 y 2014 efectivos llevaron al aeropuerto —según aseguran, por pedido de iglesias, municipios o familiares-— a 214 personas del municipio de Aguadilla, 32 de Aibonito, 15 de Arecibo, 95 de Bayamón, 9 de Caguas, 4 de Guayama, 34 de Humacao, 30 de Mayagüez, 7 de Ponce, 16 de San Juan y 135 de Utuado.

Esa misma división de la Policía me confirmó que entre 2014 y 2016, los municipios de Caguas, Toa Baja, Bayamón, Comerío, Aibonito y Humacao solicitaron llevar personas adictas al aeropuerto con destino a centros de “rehabilitación” en Estados Unidos. Y aunque más de uno de los Gobiernos municipales me aseguró que la práctica terminó hace años, el envío parece seguir activo. En el caso de Bayamón, tras la investigación de Noticentro, se confirmó que el municipio desembolsó fondos públicos para al menos el envío de un joven a Filadelfia en 2016. El hombre, con quien conversamos, tuvo que huir del hogar al que fue enviado. Por ello el ayuntamiento inició una investigación.

Todo lo anterior levanta múltiples interrogantes. ¿Cuántos municipios siguen enviando personas con adicciones a estos centros? ¿Se les dio seguimiento para saber si fueron adecuadamente atendidos o se les abandonó como aquel que sale de un paquete indeseado? Solo en Filadelfia, bajo un puente, el representante Cruz confirmó que cerca de 400 almas, todas boricuas, viven abandonadas a su suerte, esclavizadas por la lejanía del hogar, la ausencia de documentos y las adicciones que se les aseguró podrían erradicar aceptando un boleto de ida. Habrá que añadir: ¿a alguien en algún lugar del gobierno le importan?

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