Con el ELA a labrar un mejor futuro

Lea la columna de opinión de Armando Valdés.

Con el ELA a labrar un mejor futuro

La famosa carta del Departamento de Justicia federal dejó en evidencia la falta de honestidad que ha caracterizado el debate local sobre el estatus político de Puerto Rico. Ningún sector quedó ileso, aunque el anexionismo y el independentismo sufrieron los golpes más duros.

Del anexionismo, la carta delató su campaña de mentiras acerca de las bondades de la estadidad y los vicios del Estado Libre Asociado. Justicia les dijo a Ricky y a Tommy que la definición de la estadidad incluida en la papeleta era “engañosa”, ya que aludía a que solo bajo ese estatus se garantizaba nuestra ciudadanía estadounidense. Por el contrario, el funcionario federal aclaró que, bajo el ELA, “los puertorriqueños tienen un derecho estatutario incondicional a nacer ciudadanos estadounidenses”.

Peor aún, para los propagandistas del autoritarismo PNP, al obligar a la inclusión del ELA en el plebiscito, Justicia derrotó el argumento de que el estatus actual es el problema —lo que justificaba su exclusión— y negó que sea un modelo político indigno y colonial.

El entrelíneas de la carta es lo más dañino para el anexionismo. Al rechazar la formulación de la papeleta, intiman nuevamente, como han dicho explícitamente a través de nuestra historia en común, que la estadidad no está a la disposición de Puerto Rico.

Dentro del soberanismo, la carta provocó que muchos de sus líderes llamaran a un periodo de reflexión, sorprendidos por la aseveración de Justicia de que la libre asociación es igual a “la independencia total y sin ataduras”. Sin embargo, no era esta la primera ocasión en la que el Gobierno federal aclaraba este punto. Tan reciente como en marzo de 2011, el grupo de trabajo de la Casa Blanca, bajo la presidencia de Obama, indicó en la página 25 de su informe que “la libre asociación es un tipo de independencia”.

Al equiparar la libre asociación y la independencia, dijo de estas formulaciones políticas o, mejor dicho, formulación política que su adopción “requeriría una evaluación sobre una variedad de asuntos relacionados con la ciudadanía”, dejando entrever que ni la ciudadanía estadounidense de futuras generaciones ni la de esta necesariamente estarían garantizadas en la república. A igual conclusión habían llegado los asesores de Obama en el citado informe, cuando adujeron a que “recomendaban” que “el presidente y el Congreso se comprometieran a preservar la ciudadanía estadounidense de los residentes en Puerto Rico que sean ciudadanos de Estados Unidos al momento de cualquier transición hacia la independencia”. De esa declaración podemos inferir que aun la Casa Blanca de Obama consideraba como una posibilidad real que se nos retirase nuestra ciudadanía al concedernos la independencia.

Sobre el ELA, Justicia dijo que una fórmula “mejorada” fuera de la cláusula territorial sería incompatible con la Constitución de Estados Unidos. Sobre este punto, me he expresado en ocasiones anteriores. El ELA es y siempre ha sido un arreglo jurídico y político. Requiere de la voluntad de las partes para que funcione y para que pueda mejorarse, pero, al igual que todas las alternativas de estatus, no es perfecto.

En abril del año pasado, expresé en estas páginas que “el error que cometimos los populares, desde la época de Muñoz Marín, fue precisamente pretender imponerle el calificativo de ‘permanencia’ a nuestra relación con EE. UU. Caímos en un peligroso ejercicio intelectual y legalista que, junto a la agenda destructiva del PNP, logró convencer al puertorriqueño y al americano que, si el ELA no era una fórmula perfecta y perpetua, era la cúspide de la indignidad”.

Ahora los autonomistas tenemos que darnos cuenta de la oportunidad que tenemos ante nosotros. No hay voluntad para admitirnos como estado, como tampoco hay una mayoría democrática en Puerto Rico que quiera la independencia. Como dijera Salvador Tió, “lo grave es que soluciones imposibles le cierren el paso a lo posible”.

El ELA nos garantiza ser 100 % boricuas y 100 % ciudadanos estadounidenses. El ELA es la solución posible al dilema colonial en el que la Junta de Control Fiscal coloca tanto a Puerto Rico como a Estados Unidos. Y con voluntad y tesón puede volver a ser el camino para labrarnos un mejor futuro.