Desde el gobernador hasta la oposición, pasando por grupos profesionales y miembros de la sociedad civil, las críticas a las determinaciones de la Junta de Control Fiscal han sido consistentes. Las más comunes apuntan a la alegada falta de rigor de sus recomendaciones. Cien millones menos aquí, 450 menos por allá, 20 más acá. Una suerte de desfile de números, puntos y comas que no parece ir respaldado por estudios de impacto, proyecciones de efectos o detalles sobre la expectativa real de “mejora” de la situación fiscal general del país. Algo así como un pedido de creer sus recomendaciones por fe o, pero aún, la aparente noción de que no es necesario rendir cuentas a los ciudadanos potencialmente afectados.
Y, aunque la crisis es irrefutable y la necesidad de hacer recortes es ineludible, es preciso reflexionar en voz alta sobre los potenciales efectos de algunos de esos recortes y preguntarnos si hay otras formas de lograr la recuperación. Uno de esos renglones es el concerniente a nuestros pensionados. La Junta ha recomendado hacer recortes a las pensiones equivalentes a un 10 %. Tal solicitud tendrá implicaciones inmediatas en la vida de los pensionados, pero, a la luz de un reciente estudio, también podrían poner un importante freno a la econommía del país basada en el consumo. Y me explico.
Para hacerlo, les refiero al más reciente estudio publicado por la compañía AARP en Puerto Rico, que destina sus esfuerzos a atender las necesidades de la población de 50 años o más. Preste atención a los números. Primero, es preciso notar que, según el documento, las personas de 50 años o más representan el 37 % de la población y generan el 43 % del producto interno bruto. Segundo, resulta necesario entender el poder económico de esta población y cuán grande es el pedazo de los gastos con el que se quedan. Según AARP, ese sector gasta $20 mil millones anuales, dominando el 70 % del consumo de productos o servicios médicos, el 62 % en el renglón del entretenimiento, otro 62 % en utilidades, un 60 % en bienes duraderos y otro 60 % en el renglón de autos y otros equipos de transportación.
El estudio de AARP dice más. Revela que el 82 % de las personas de ese renglón de la población apoya económicamente a alguien en su familia; el 67 % ayuda a sus nietos o hijos; el 36 % incluso respalda económicamente a sus padres, y otro 12 % también respalda a algún miembro de su familia. Esta avalancha de números, que podría parecer poco pertinente o simplemente anecdótica, nos sirve para comprender una cosa: reducir las pensiones y con ello el ingreso primario del 37 % de la población del país (que, de paso, domina el consumo en un país con una economía basada precisamente en el consumo) puede tener un efecto devastador. ¿Ve la imagen? ¿Qué puede pasar con una economía que depende del consumo si 823 mil personas (el número de individuos de 60 años o más según datos del año 2014 y con proyección en alza) ven reducido su único ingreso? La respuesta no parece requerir cosa adicional a la lógica: el consumo se verá reducido y con ello se debilitaría la economía local. ¿O me equivoco en el proceso lógico?
El estudio de AARP adelanta que la situación actual ya comienza a provocar timidez en el consumo en esa población. Una de cada cuatro personas retiradas ha tenido que alterar la manera de consumir sus medicamentos porque el dinero no les alcanza. De igual manera, el 59 % de esos jubilados (que aún no han visto reflejarse el proyectado machetazo en sus pensiones) ha bajado sus gastos en servicios como Internet, cable o teléfono; el 11 % se tuvo que mudar con alguien para palear el creciente costo de vida, y el 44 % ha tenido que pedir dinero prestado. ¿Qué sucederá cuando vean reducir sus ya reducidos ingresos? Se me ocurren un par de respuestas. ¿A usted?