En días recientes comparecí, junto con varios compañeros periodistas, ante el gobernador Ricardo Rosselló, convocado para hablar sobre la transparencia y el acceso a la información. Esta administración ha dicho, y así lo prometieron durante la campaña, que presentarán y aprobarán una ley sobre este tema. Se trata de un aspecto fundamental en la relación que tiene que existir entre el Estado y los ciudadanos para que exista una conversación amplia, entre todos los sectores, sobre cómo atender los problemas colectivos. Los ciudadanos, llámense prensa o no, tenemos el derecho de conocer lo que hacen nuestros gobernantes y funcionarios en todo momento.
Desde hace algún tiempo, desde los gremios periodísticos y fuera de ellos, un grupo de periodistas hemos postulado que es necesario institucionalizar el derecho a la información. Pero ¿por qué es necesario plasmar en una ley un derecho que está reconocido por la Constitución y la jurisprudencia reciente? Esa es una de las preguntas legítimas que surgen en esta discusión y que debemos abordar.
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Como trasfondo rápido, recordemos que la Constitución de Puerto Rico reconoce en la sección 4 de la Carta de Derechos que “no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al Gobierno la reparación de agravios”. Esta disposición constitucional fue ratificada y ampliada a los efectos de atender el tema del acceso a la información por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Soto vs. secretario de Justicia en 1982, estableciéndose que el Estado no puede interferir en el derecho del ciudadano a obtener información pública salvo en las circunstancias más apremiantes, que cualquier reclamo de confidencialidad debe ser la excepción y que se trata de un derecho de toda persona, sin que tenga que demostrar interés especial alguno en la información que solicita. Este lenguaje suena y es poderoso, pero no suficiente.
Los reclamos de acceso a información que han surgido al amparo de lo antes mencionado han dependido del entendimiento de los burócratas de turno y del ritmo con el que la Judicatura ha decidido atender las controversias que se han hecho por las negativas que con frecuencia ocurren en las oficinas públicas. Lo que se pretende con una ley de transparencia y acceso a la información es que, al amparo de la disposición constitucional señalada y la jurisprudencia existente, se disponga de un proceso expedito a través del cual el Gobierno tenga que responder a pedidos de ciudadanos sobre las decisiones que se toman por parte del Estado. No se trata de una ley para la prensa, sino para beneficio de todos los ciudadanos.
Lo que pretendemos es que, por mandato legal, los funcionarios públicos, llámese gobernador o el de más baja jerarquía, estén obligados a responder de manera rápida, en un tiempo corto, sobre un requerimiento de información por parte de un ciudadano. La ley, además, contemplará que, en el caso de una negativa de un funcionario a proveerle de información a un ciudadano sobre una gestión suya, existirá un mecanismo ágil en el que se pueda recurrir al tribunal, y este foro, de una manera igual de expedita, resuelva el dilema.
¿Cómo esto beneficia a todos? Una mayor transparencia y acceso a la información permiten una participación ciudadana más eficaz e informada en la toma de decisiones, en la formulación de política pública, en la rendición de cuentas a la que están obligados los gobernantes y en la presentación de un verdadero “gobierno abierto”. Una mayor transparencia y acceso a la información capacitarán a los ciudadanos al momento de responsabilizar a los gobernantes por sus acciones y evaluar la validez de las medidas que se toman. Y, a fin de cuentas, educarán mejor al ciudadano para que tome las decisiones que la democracia le requiere periódicamente en los procesos electorales.
Una ley de acceso a la información es necesaria, siempre y cuando mantenga estos parámetros esenciales para que cumpla con el propósito fundamental. Les damos la bienvenida e invitamos a todos a insertarse en la discusión, advirtiendo que cualquier desviación que ocurra en el proceso deliberativo o legislativo será rechazada por todos los que hemos estado unidos
en este reclamo.
