¿Y si desobedecemos la Junta?

Lea la columna de opinión de Julio Rivera Saniel.

¿Y si desobedecemos la Junta?

Pasó lo que tenía que pasar. La luna de miel con la Junta de Control Fiscal ha terminado. Y no me refiero al caso de aquellos que nunca compraron el discurso de que los siete enviados congresionales traían bajo el brazo la salvación para nuestra maltrecha economía. Me refiero a quienes vieron en ese ente congresional cualidades mesiánicas. Ese grupo, casi bajado del cielo, que llegaría a “hacer justicia” para los ciudadanos, a castigar a los políticos desalmados y devolver el orden. De esos últimos quedan muy pocos. La Junta perdió su simpatía cuando su plan comenzó a ser público.

Para comenzar, recortes por $1,000 millones de dólares a Mi Salud, el plan médico del gobierno para los indigentes. Una reducción que no parece tomar en cuenta la opinión de expertos en el mundo salubrista, quienes, casi consistentemente, han apuntado a que los ahorros no deben comenzar por la cubierta que reciben los ciudadanos, sino por la larga lista de intermediarios —seis para ser exacto— que se quedan con pedazos de la tajada del dinero público antes de llegar a los servicios.

La Junta no recomienda cortar las ganancias de las aseguradoras. No. Para la Junta el ahorro no debe lograrse reduciendo las ganancias de los intermediarios, sino reduciendo los servicios. Bajar las visitas a las salas de emergencia, reducir la estadía de los enfermos en los hospitales, bajar la cubierta de servicios y farmacia, limitar la cubierta a medicamentos genéricos y cobrar más deducibles a los pacientes.

El esquema de prioridades parece repetirse en el caso de la educación, particularmente cuando se evalúa la educación superior. En una ecuación que tiene más luces que sombras, la Junta ha decidido recortar $450 millones del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, una cifra que no tiene explicación racional. Y si la tiene, la Junta ha fallado en producirla. Tamaña cantidad de dinero, según han coincidido expertos en el tema, supondría un total descalabro de la Universidad y, tal y como ha admitido la Middle States (entidad acreditadora), podría suponer la eliminación de licencias y certificaciones actuales si se entiende que la reducción presupuestaria afectará la calidad de la enseñanza en esa institución.
Y ni hablar de las pensiones.

Mientras la Junta insiste en estas medidas, el Ejecutivo y la Legislatura se han distanciado de esas determinaciones. Cuando menos en el discurso, las rechazan. Las señalan como excesivas. Aseguran que hay otras formas para trabajar la crisis, y, en el caso de la Legislatura, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue más lejos al asegurar que, para su gusto personal, la Junta —y sus recomendaciones— pueden “irse para Ucrania”. El problema es que ese rechazo parece ceder ante el poder del discurso de la obediencia y la resignación. Ese que nos dice que tenemos que seguir instrucciones. Que, aunque sepamos que se nos pide lanzarnos al vacío y con ello pegarle un tiro en la cabeza al país y sus posibilidades, es más importante parecer “obedientes y civilizados”. “Son federales”, lanzan otros como queriendo plantear que cualquier cosa que llegue con tal calificativo supone infalibilidad. Pero ¿cómo convertir el discurso de oposición en oposición real? Tal vez probar aquello a lo que no estamos acostumbrados: decir que no.

Si estamos convencidos del daño que las recomendaciones de la Junta harán al país, ¿por qué acatarlas? La Junta y sus siete integrantes son criaturas del Gobierno federal, pero pagados con fondos locales. Entonces, ¿qué sucedería si las ramas de gobierno, fieles a su discurso de oposición a algunas de las instrucciones de la Junta, las desobedecen? ¿Qué pasa si nuestro gobierno se aferra a la dignidad, reclama autonomía de criterio y se niega a desembolsar dinero para pagar reuniones en lugares que no sean públicos? ¿Qué pasa si nuestros gobernantes —que han criticado casi al unísono el salario de Natalie Jareski— se niegan a pagarle? ¿Que sucedería si el Ejecutivo, que asegura estar convencido de que un recorte de $450 millones sería no solo excesivo, sino letal para la Universidad, decide no dar paso a los recortes? Según PROMESA, incumplir las órdenes de la Junta conlleva sanciones, aunque no son descritas. La pregunta es la siguiente: ¿de qué manera pueden ser sancionados nuestros oficiales electos? Se atreverá el Gobierno de Estados Unidos a sancionar, obligar, arrestar o procesar a oficiales electos en procesos democráticos locales por no hacer caso a los integrantes de una comisión impuesta violentando cualquier lógica democrática? ¿Cómo explicarían tal cuadro de déficit democrático ante la comunidad internacional? Si tan solo nuestros líderes emigraran del discurso de oposición a poner la acción donde ponen la palabra.