“¿Qué es Puerto Rico?” fue la primera pregunta que se le hizo al honorable Ricardo Rosselló Nevares en una entrevista televisada en una cadena hispana de los Estados Unidos continentales. “Una colonia”, respondió el gobernador, luego de que el reportero interrumpiera la contestación que se le estaba ofreciendo para aclarar o ser más directo en su interrogatorio. Esa afirmación de nuestra realidad política es, como diríamos los abogados y abogadas, un hecho incontrovertible.
Tal vez quedaba una que otra persona que pensaba que la falacia del Estado Libre Asociado iba a disfrazar nuestra condición política para siempre. Pero la realidad es que, si algo no se puede resistir “hasta que Colón baje el dedo”, es la relación indigna en que se nos ha mantenido desde que la bandera española llegó a nuestras playas. Nuestra historia es muy distinta a la de las hermanas islas caribeñas y otras jurisdicciones. Nuestra búsqueda de la autodeterminación ha ido siempre de la mano de un deseo de alcanzar la igualdad política, ciudadana y económica como parte integral del desarrollo y futuro de la metrópoli. Ese camino seguimos cuando el archipiélago se encontraba bajo el control de España y, como entonces, también ha sido similar bajo la autoridad del Congreso de los Estados Unidos.
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Sin embargo, en el 2012, nuestro pueblo dio un paso al frente y decidió dar un mandato a la administración gubernamental entonces entrante para que se atendiera, de una vez y por todas, el asunto de nuestra condición política con miras a la ulterior descolonización de la isla. Como en tantos otros aspectos, la pasada administración hizo caso omiso de los reclamos de nuestra gente y nos mantuvo innecesariamente por varios años más en el limbo jurídico y discriminatorio que representa el statu quo para los residentes de la isla nuestra localización geográfica y circunstancia territorial. Es, a finales del referido cuatrienio, que la Rama Legislativa y el Poder Judicial de los Estados Unidos envían un mensaje contundente sobre nuestra realidad política. Por ello con el convencimiento de que el estatus es el problema medular de Puerto Rico, en las más recientes elecciones generales se avaló el compromiso de la presente administración de realizar una consulta plebiscitaria para la determinación definitiva de nuestra condición política, con opciones no coloniales y no territoriales. Para su consecución hay solo dos alternativas viables: la estatidad y la independencia. La última, en cualesquiera de sus modalidades.
John D. Rockefeller creía firmemente en que “cada derecho implica una responsabilidad y cada oportunidad, una obligación”. Por virtud de ley, tenemos ahora en nuestras manos una gran responsabilidad y mayor obligación. Solamente participando en tan importante evento cumpliremos con nuestro deber para con nuestras generaciones. Esta consulta plebiscitaria es definitiva. No es un concurso de popularidad ni un referéndum de simpatía a una afiliación política. Es la hora de la verdad y esta administración avalará y exigirá ante el Congreso que actúe. El 11 de junio de 2017, tenemos una cita con la historia.
