O’Neill, su silencio y el de los demás

Lea la columna de opinión de Julio Rivera Saniel.

O’Neill, su silencio y el de los demás

Los pasados han sido días de cotejo, de esos que sirven para reconfirmar lo que muchos sabemos, pero en ocasiones olvidamos. El desembolso de $450 mil dólares para sepultar bajo documentos legales las interioridades del caso de hostigamiento sexual y violación contra el alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill nos hizo los honores. ¿El dato reconfirmado? Que en la política, como en el más sucio de los juegos, quien no gana busca empatar. Que cuando toca mirar la paja en el ojo del rival político se es implacable, pero cuando corresponde mirar la viga en el propio entonces es mejor hacerse de la vista larga. Un mal que aqueja, con pocas excepciones, a quienes viven del partidismo político.

Y el caso por hostigamiento contra Héctor O’Neill no es la excepción. Sin contar algunas voces del PNP que exigieron de inmediato cuentas al alcalde, más de uno prefirió hacerse de la vista larga. Algo así como lo que ocurrió antes con el exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín, ante similares señalamientos.

En el caso de O’Neill, sin embargo, destaca el pobre papel desempeñado por las mujeres en altos puestos de poder en el Gobierno. Para comenzar, la secretaria de Justicia y exprocuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, despachó con un “no se puede” la posibilidad de iniciar una investigación sobre los señalamientos. Algo similar ocurrió con la procuradora de las Mujeres, Ileana Aymat. Luego que la colega Ivette Sosa diera a conocer el detalle de la transacción económica, durante días solicité una reacción oficial a la oficina de la funcionaria. ¿La respuesta? El silencio. El tono de ambas funcionarias cambió drásticamente solo después que su jefe político, el gobernador, pidiera públicamente la renuncia a O’Neill y, de paso, solicitó una pesquisa al Departamento de Justicia.

La actitud asumida nos deja como lección un par de cosas. La principal de ellas es que la lealtad política nunca debe ir por encima de las responsabilidades individuales. Faltar a ellas no hace otra cosa que poner en duda nuestro compromiso con el cargo que ostentamos. En segundo término, lo ocurrido nos prueba que ser una luchadora eficiente por las causas y derechos de sus pares no llega de manera automática con el hecho de ser mujer.

Ahora que el gobernador habló, que todos quieren “investigar” y “esclarecer”, está por verse qué se descubre cuando se destape la olla. Aún es un misterio cómo un alcalde —con salario de alcalde— pudo desembolsar casi medio millón de dólares para transigir una demanda. O quién —si alguien— pidió al licenciado Roberto Alonso Santiago (excontratista del Municipio de Guaynabo) emitir un comunicado de prensa en nombre de la querellante para, horas más tarde, admitir que mintió. Otra de las mujeres con puesto de poder en el Gobierno, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, ha dicho esta semana que investiga las finanzas del alcalde.  También está por verse si el caso actual contra el alcalde es solo la punta del iceberg. Es preciso recordar que en 2014 una abogada empleada del municipio demandó a Héctor O’Neill Rosa, hijo del alcalde, también por hostigamiento sexual. En la demanda federal en la que exige $10 millones, la mujer alega que el hostigamiento es una norma no verbal en Guaynabo City. “La política no escrita del municipio es que era aceptable para el alcalde Héctor O’Neill García y su hijo O’Neill Rosa sostener relaciones sexuales con empleadas. Las empleadas que sostenían relaciones sexuales con ellos eran tratadas mejor y tenían mejores condiciones de empleo, oportunidades, promociones y beneficios que otras no tenían. De hecho, el alcalde promueve este tipo de conducta al tener relaciones íntimas consensuales con varias subordinadas y al tratarlas favorablemente y darles mejores condiciones de empleo”, reza parte de la demanda.

Pero eso no es todo. Ya en 2013 la Legislatura municipal de Guaynabo autorizó el desembolso de $285 mil para transar una demanda —también por hostigamiento sexual— contra el excomisionado de Seguridad, Carmelo Correa, quien posteriormente fue destituido.

Mientras el resultado de las pesquisas llega, el alcalde se ha aferrado al silencio. En medio de un festival en su pueblo aseguró que no hablaba por tratarse de un “asunto personal” y se acogió al silencio. Quizá solo guardaba las buenas maneras. Después de todo, lo hacía frente a un caldero de patitas de cerdo y no se habla con la boca llena.