Incoherencia

Lea la columna de opinión de Armando Valdés.

Por Armando Valdés

Por mucho que se jacte de sus credenciales académicas y científicas, el gobernador dejó en evidencia que es un político más de estirpe populista. Con su mensaje y con el plan fiscal que reveló en las siguientes horas, dejó plasmada una visión incongruente del país y de la crisis que nos azota. Las soluciones propuestas, si se les pueden llamar así, no atienden el problema de fondo y solo pretenden una continuación del mismo sistema de gobierno y de patronazgo político que nos trajo hasta donde estamos.

La reingeniería del gobierno se limitó al muy cacareado sistema de empleador único, cuyos resultados se desconocen en este momento. Lo que podría generar ahorros es la reducción en los beneficios marginales de los empleados que laboran en las corporaciones públicas. Políticamente, habrá que ver si la maquinaria electoral del PNP, conformada en gran medida por las organizaciones de servidores públicos afiliadas a dicha colectividad, le permiten al gobernador que se les afecten sus derechos adquiridos. Máxime cuando mi compañero en esta página y secretario de la gobernación, William Villafañe, dijo el 5 de febrero de 2017, en El Nuevo Día, que los derechos adquiridos “están garantizados” y que la reducción de días por enfermedad y vacaciones “solo aplica para personas que comiencen a trabajar en el Gobierno luego de la aprobación de esta ley”. Con el plan fiscal ambas promesas quedaron en el olvido, una admisión más de la improvisación de un gobierno que nos prometió tener una hoja de ruta antes de las elecciones.

En cuanto a las pensiones, el gobernador anunció que solo tocarían las de más de $2,000 mensuales, con la loable intención de no afectar a los jubilados que menos tienen. Sin embargo, a quienes sí les aplicarán reducciones en sus beneficios solo reciben un 31 % de los desembolsos del Retiro. Por ende, la medicina será insuficiente y no evitará el colapso del sistema y la necesidad de que el Fondo General sufrague ese inmenso gasto.

Las contradicciones no se quedan ahí. Luego de aprobar una reforma laboral bajo el supuesto de que la reducción en los costos de hacer negocios facilitaría la creación de empleos, ahora promete aumentar dichos costos con un incremento en el salario mínimo. Luego de ser cuestionado sobre dicho sinsentido, Ricky alegó que en su mensaje meramente expresaba una “aspiración”, para al día siguiente firmar una orden ejecutiva que de $7.25 llevó el mínimo a $8.25, pero solo para los empleados públicos. Cuántos se benefician de dicha generosidad pública es desconocido, pero se estima que son muy pocos, si algunos.

Donde mayor desatino mostró el gobierno fue con la propuesta para eliminar subsidios estatales a los municipios. Para sustituir esos $350 millones, propone que sean los alcaldes los que aumenten las tasas contributivas aplicables a la propiedad inmueble. Algún estratega genio en Fortaleza habrá pensado que, al así proceder, la gente culparía a los alcaldes por tal decisión. Otros pensarían, como expresa el plan fiscal, que es solo justo toda vez que en EE. UU. la “tasa mediana a nivel nacional es de 1 %”.

La realidad, sin embargo, es que con una tasa efectiva de 0.51 %, conforme a un cálculo realizado por este autor utilizando los datos del American Community Survey de 2015 del Negociado del Censo federal, los puertorriqueños a quienes nos tocan las contribuciones sobre la propiedad pagamos más en proporción que los residentes de Hawai, Alabama y Misisipí, y que estamos dentro de solo un 0.10 % de Delaware, el Distrito de Columbia, Carolina del Sur y Virginia del Oeste.

Más aún, contrario a lo que sucede en dichos estados, la vasta mayoría de los puertorriqueños no pagan esta contribución. De acuerdo a la misma fuente, de 836,820 unidades de vivienda, solo 108,682 están sujetas a este tributo. Y, por supuesto, va sin decirse que en EE. UU. esas contribuciones costean la policía, los maestros y los bomberos, mientras que aquí, la interacción más significativa y periódica entre un ciudadano y su municipio es cuando vienen a recogerle la basura.

En fin, lo que tenemos es lo peor de dos mundos. Reformas tímidas que intentan mantener la viabilidad electoral de Ricky combinadas con otras medidas que continúan gravando las clases productivas del país. Propuestas que se cancelan entre sí en un intento por complacer a todo el mundo; por reformar sin tener que cambiar nada. Es la cobardía política convertida en incoherencia.

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