Las diferencias entre la Junta de Supervisión Fiscal y la administración del gobernador Rosselló no son, como algunos analistas han sugerido, una coreografía acordada entre ambas partes. Todo lo contrario, representan el enfrentamiento entre dos tendencias políticas dentro del Partido Nuevo Progresista: por un lado, el ala fortuñista-pierluisista-tecnocrática y, por otro, el rossellista-populista. Las consecuencias de esta controversia entre ambos bandos es una verdadera bomba de tiempo.
Reflejo de esta tensión lo fue la reacción del Gobierno a las propuestas de la Junta. Esta semana, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza anunció no solo los resultados que anticipaban ante la medicina amarga de los procónsules coloniales, sino además lo que hace las veces de una contrapropuesta por parte del Ejecutivo.
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Con esta presentación, demostraron que el plan rossellista —que nos vendieron durante la campaña como la principal razón de peso para apoyar a un novato— no existe. No solo eso, que el intento por proyectar el tan cacareado “control” que tiene la administración sobre la cuestión pública no es otra cosa que una campaña publicitaria que cuenta con el apoyo servil de algunos medios de comunicación.
Las contrapropuestas del Gobierno son superficiales, populistas, contradictorias y carecen del más somero ejercicio de cuantificación. Presumo que, cuando la Junta las rechace, Rosselló intentará decir que hizo su mejor esfuerzo por defender al trabajador y contribuyente puertorriqueño. En ese momento nos tocará recordarle que nos prometió tener la mejor de las relaciones con los miembros de la Junta y un plan fiscal detallado para pagar la deuda y sanar las finanzas públicas. El ejercicio irresponsable que presentaron esta semana nos dejará en las garras de la Junta, cediéndole a esta entidad todas las decisiones importantes sobre el futuro de nuestro país, toda vez que, en justicia, lo presentado por Fortaleza es totalmente inadecuado.
Veamos solo algunos ejemplos. Ante la propuesta de la Junta para aumentar las contribuciones en unos $1,500 millones, el Gobierno respondió con propuestas para tener “eficiencia en la captación de recaudos”, una “reforma contributiva”, una “reforma de permisos” y “reducir gastos en el Gobierno”. Más allá de lo poco específicos que son estos “planes”, demuestran desconocimiento y falta de coordinación. Una reforma de permisos no tendrá ningún efecto sobre los recaudos, toda vez que en este momento la construcción está aguantada no por el proceso de permisos, sino por la falta de capital de inversión. Y la reducción de gastos no solo no aumentará los ingresos, sino que, para colmo, se estaría calculando dos veces, ya que la Junta, además, le exige al Gobierno de por sí que reduzca sus gastos.
Sobre la reducción de nómina, Rosselló dice que habrá “cero despidos de empleados públicos”, pero que algunos harán una “transición al sector privado”. No, mi estimado lector, esta simpática frase no es producto del ingenio de algún comediante, sino del “genio” que elegimos para gobernarnos.
Sobre la inminente crisis de salud con el agotamiento de los fondos de Obamacare, la propuesta del Gobierno es “buscar la paridad en los fondos Medicare y Medicaid en el Congreso”. ¿Y si no se obtiene? Bien, gracias; no hay plan B.
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Y, sobre las pensiones, primero dijeron que no habría reducción, para que luego el gobernador dijera que sí se cortarían las pensiones más altas. La pregunta sin contestar: ¿cuál será el nivel en que se considerará que una pensión es “alta”? La otra solución: “inyectarle dinero al Retiro con las alianzas público-privadas”. ¿Sí? ¿Qué inversionista querrá “inyectar dinero” a un sistema que lo que hace es enviarle cheques a gente retirada? Lo único que puede haber de algún valor es la cartera de préstamos, y, aun si se vendiera, no daría para llenar el boquete.
En fin, que lo que presentó el Gobierno es típico de una plataforma electoral, presentada para complacer a diversos sectores del electorado. No es un plan para gobernar. Y, tristemente, no está a la altura de los retos que enfrenta el país.
Ese país, de paso, no se ha enterado de lo que viene, porque algunos —en el Gobierno y en los medios— han claudicado a su responsabilidad de informar. Lo que queda ahora es que la bomba explote. Cuando eso pase, el mensaje del “control gubernamental” les sabrá a estiércol, y la caída será aún más dura.
