Quizá usted esté cansado de toparse con el dato. Pero es un hecho cierto que Puerto Rico está hasta el cuello con una deuda que inicialmente se asegura que sobrepasa los $70 mil millones. También es cierto que el Gobierno federal ha comisionado una junta para garantizar que paguemos esa deuda. Pero, como cuando se trata de las deudas en las que usted incurre en su carácter personal, nadie puede negar que es conveniente verificar el monto de la deuda antes de pagarla. No sea que, por aquellas cosas de la vida, se le intente cobrar de más. Lógica sencilla, ¿no?
Pues en Puerto Rico en eso, como en muchas otras cosas, preferimos escapar a la lógica. Mientras jurisdicciones en Estados Unidos y otros países han promovido procesos de auditorías de sus deudas, en la isla el pasado y presente Gobierno ejecutivo han sido tímidos en echar mano de un mecanismo que no haría otra cosa que decirnos no solo lo que los acreedores nos aseguran que debemos, sino exactamente cuánto en realidad debemos y si la totalidad de la deuda fue adquirida de manera legal. Y ese escenario plantea dos posibilidades. La primera, que nuestra deuda en su totalidad sea real y, por lo mismo, que debamos pagarla. La segunda, que —como sospecha más de uno— parte de la deuda del país fue adquirida en violación de la Constitución y que, por lo mismo, no debe ser honrada. Quienes favorecen esta segunda teoría aseguran que para violar las leyes en un proceso de préstamo hacen falta dos: quien pide prestado y quien presta, por cuanto las dos partes no solo deben conocer las leyes, sino respetarlas. Por ello, la pasada Legislatura dio paso al establecimiento de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, un organismo habilitado por la Ley 97 de 2015. ¿Su propósito? Analizar la deuda mediante una auditoría “forense” para descubrir las circunstancias en las que la deuda fue emitida. Pero la Junta no ha tenido muchos amigos en el mundo político. En el pasado, aunque el exgobernador Alejandro García Padilla firmó el estatuto, no designó a sus integrantes, por lo que fue la propia Legislatura la que tuvo que hacerlo. En el presente, el gobernador ha desechado a sus componentes, lo que deja sin efecto su trabajo. Entonces, no puede uno dejar de preguntarse: “¿Qué puede mover a la clase política a no querer saber las circunstancias de la deuda? ¿Qué beneficio obtiene el Gobierno al descartar una auditoría de la deuda? ¿Gana algo el país al decidir pagar la totalidad de la deuda a pesar de existir mecanismos para verificar el monto total?”. El sentido común —ese que se supone es común— nos dice que antes de pagar parecería preciso saber cuánto exactamente se debe, sobre todo cuando lo que hay disponible para pagar no es mucho. Ese mismo sentido se exacerba al conocer los hallazgos preliminares de la Junta. En particular, que —según el informe— por décadas (probablemente desde la administración de Rafael Hernández Colón) el Gobierno de Puerto Rico estuvo emitiendo deuda para pagar sus déficits, cosa que claramente estaba prohibida por la Constitución. Ese dato en sí mismo no hace otra cosa que levantar más de una bandera.
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Por eso y por mucho más la eliminación de la Junta y, en su defecto, la falta de interés por conocer los detalles de la deuda pública resultan preocupantes. Después de todo, el texto de la ley habilitadora de la Junta garantiza la representatividad del gobernador y la Legislatura, puesto que exige por ley dos representantes de la Rama Ejecutiva, el director del Instituto de Estadísticas, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, los presidentes de Cámara y Senado y representantes de las minorías legislativas, así como ocho personas seleccionadas por el gobernador para representar el interés público.
Si las opciones sobre el tema de la deuda son pagar con una venda en los ojos o pagar con pleno conocimiento de lo que se paga, ¿por qué debemos escoger la primera alternativa? ¿Quién gana con eso? ¿No es acaso eso el equivalente a pagar la cuenta sin mirar el recibo? Es probable que el gobernador tenga razones de peso que no han sido hechas públicas para descartar la Junta. Si ese es el caso, entonces lo ideal es que la sustituya por algún otro mecanismo eficaz de auditoría. Saber cuánto se debe no es otra cosa que fundamental en esta coyuntura. Aquí o en la China, el comensal gana cuando sabe lo que incluye la cuenta.
