La Junta de Supervisión Fiscal regresó a Puerto Rico para su segunda reunión en la isla. Y al hacerlo habló sobre varios asuntos. Primero, sus integrantes anunciaron que el exdirector del plan de salud Triple S, Ramón Ruiz Comas, fue designado como su director ejecutivo interino. En segundo término, además de acceder al pedido del gobernador Ricardo Rosselló para extender el llamado stay y darle más tiempo para presentar su plan fiscal, también confirmó que hasta la fecha el ente creado por el Gobierno de Estados Unidos ha gastado $3 millones en sus primeros seis meses de creación, un gasto que, según dijeron, se debe principalmente a partidas en áreas de administración y asesoría. Esa cifra en sí misma no dice mucho. De entrada podría sonar alta (como casi todo lo que se mide en millones). Pero, para poder adjudicar si su utilización ha sido la más correcta, adecuada y sensata posible, aún nos falta contexto, acceso a la información. Y es aquí donde comienzan a levantarse banderas sobre la famosa Junta.
Desde su creación, la falta de transparencia parece haber sido la norma. Desde la designación de sus miembros y los criterios de selección, pasando por el uso de sus recursos y la selección de sus espacios de reunión (un lujoso hotel alejado del área metro en lugar de un edificio gubernamental y, por ello, gratis), todo ha estado cubierto en mayor o menor medida por una innecesaria nube de secretividad. Es por ello que el Centro de Periodismo Investigativo, de la mano de Latino Justice PRLDEF y el Center for Constitutional Rights en Nueva York han iniciado un reclamo por la divulgación de información sobre la Junta, sus trabajos e integrantes, todo bajo la sombra de la ley conocida como el Freedom of Information Act o Ley Federal de la Información.
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El planteamiento del reclamo del Centro es sencillo: si la Junta fue creada por disposición del Gobierno de Estados Unidos, toma decisiones sobre entidades gubernamentales locales y es sufragada con fondos del pueblo de Puerto Rico, entonces el detalle de sus gastos y el trasfondo de sus integrantes debe ser público. Claro que el Centro no llegó hasta aquí por capricho. Según sus directivos, el reclamo que se hace ante la Casa Blanca, la Oficina de Ética federal y la Oficina del Tesoro se da como consecuencia de la falta de transparencia evidenciada durante los pasados meses en los que el CPI ha solicitado datos que se presumen públicos, pero que al final no lo son. Datos como el criterio de selección de los integrantes de la Junta (Arthur J. González, José Ramón González, José Carrión, Andrew Biggs, Carlos García, David Skeel y Ana Matosantos), así como sus trasfondos financieros, intereses comerciales y relaciones contractuales. Todos ellos son datos relevantes y pertinentes a su desempeño ante la Junta. Documentos financieros, formularios o información sobre potenciales o existentes conflictos de intereses, “antecedentes personales y profesionales, declaración de intereses, por quiénes fueron recomendados y sus calificaciones profesionales” son algunos de los requerimientos hechos por el CPI. La directora ejecutiva del Centro, Carla Minet, aseguró, en comunicación escrita, que el detalle de estos requerimientos de información debió haber sido radicado como parte de informes que tendrían que haber sido presentados hace meses, pero que, según aseguró, no aparecen.
¿Y por qué resulta importante saber todo eso sobre los integrantes de la Junta? Es sencillo. Para saber dónde están parados. El país está ante un indudable panorama de cambio y a las puertas de decisiones que impactarán a más de un interés. Esa realidad hace necesario saber dónde están ubicados los miembros de la Junta y, en definitiva, qué hacen con el dinero de los puertorriqueños. Después de todo, sus decisiones incidirán en la vida de todos y resulta necesario saber si esas determinaciones estarán condicionadas por potenciales beneficiados externos o manos atadas. No resulta un requerimiento descabellado; es sin duda una exigencia justa. El pasado cuatrienio, el país fue consistente en reclamar el detalle de las finanzas del país y los estados que justificarán las determinaciones de política pública que han supuesto un reto para los ciudadanos y sus bolsillos. Y de la Junta, muy federal, muy supervisora y muy fiscal, no puede esperarse menos. Después de todo, como reza un viejo dicho, el que nada teme nada debe.
