Por: Juan Dalmau
Senador del PIP
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En estos primeros 18 días, además de cumplir mi función de legislar, he ejercido intensamente mi rol fiscalizador y de oposición al denunciar y hacer frente a la nefasta política pública que pretenden implementar el ejecutivo y la mayoría parlamentaria del PNP vía fast track.
El Partido Nuevo Progresista (PNP) está transitando la vía del neoliberalismo que pavimentó el Partido Popular. Ante la crisis, las medidas, durante el pasado cuatrienio, fueron dirigidas a menoscabar el empleo y los derechos de los trabajadores públicos, a reducir servicios gubernamentales y a elevar a rango de principio el dogma de la privatización como panacea para resolverlo todo. El actual gobierno del PNP, actuando como discípulo aventajado del PPD, en sus primeras medidas aprobadas ha dado indicios de que va a continuar de manera mucho más intensa la ofensiva neoliberal de privatizar activos del Gobierno, desmantelar la función pública y menoscabar derechos laborales so color del “desarrollo económico”.
La primera medida aprobada y convertida en ley —con nuestra oposición— flexibiliza las condiciones mediante las cuales se realizan las mal llamadas alianzas público-privadas (APP). En el mundo la creación de nuevos activos, para gobiernos en crisis fiscal, se fundamenta en alianzas en las que el sector privado crea nuevos activos que un término plazo revierten al pueblo. En Puerto Rico, la realidad es que las mal llamadas APP no son otra cosa que el desmantelamiento y privatización de activos ya existentes y que resultan ser los que más ganancias e ingresos le generan al fisco. Ejemplo de ello fue la privatización, mediante una APP, de nuestro principal aeropuerto, que dentro de la estructura de la Autoridad de Puertos era la única empresa gananciosa.
Igualmente nefastos resultan ser los proyectos aprobados en la madrugada de ayer jueves, con los cuales el Gobierno del PNP sigue al pie de la letra la receta que expidió la Junta de Control Fiscal, la cual escasas horas antes planteó la reducción de $1,000 millones del presupuesto de Salud, $300 millones de la UPR, entre otros. Me refiero a los Proyectos de la Cámara 451 y 453. El P. de la C. 451 es la versión del PNP de la Ley 66 del PPD, pero en combo agrandado. No solo retiene los elementos dañinos al sector público de la Ley 66, sino que, además, otorga más facultades al ejecutivo para dejar en suspenso convenios colectivos, suspender aumentos de sueldo negociados y controlar las juntas de gobierno de agencias y corporaciones públicas, entre ellas la UPR, al gobernador poder remover de su puesto a la mayoría de los miembros de una junta que no respondan a su visión de gobierno y atente con el cumplimiento y los designios de la Ley PROMESA.
El P. de la C. 453, mal llamado reforma laboral, se trata de una embestida patronal trabajada en los cuartos oscuros de privilegiados bufetes de abogados privados que responden a intereses corporativos y empresariales locales y extranjeros. Esa ley menoscaba derechos de los empleados privados, que representan el 68 % de nuestra fuerza laboral, afectando la adquisición del bono navideño, limitando protecciones contra despidos injustificados y aumentando significativamente los periodos probatorios. Esta, fundamentalmente se sostiene sobre la base, según sus propios proponentes, de que el empleado privado es ocioso porque se siente con derecho propietario sobre su trabajo. Esa visión retrógrada de algunos fomentará mayor éxodo de trabajadores, empobrecerá al sector mayoritario laboral del país y reducirá el flujo de dinero para la adquisición de bienes y servicios, lo que profundizará aún más nuestra crisis económica, ya en su décimo año de contracción.
En fin, las medidas adoptadas imponen la ley de la jungla: el más grande se come al más pequeño, el más fuerte económicamente engulle al más débil laboralmente. Ante los retos, la batalla continúa.
