Protección laboral

Lea la columna de Hiram Guadalupe.

Protección laboral

Para iniciar su mandato, el gobernador Ricardo Rosselló firmó sendas órdenes ejecutivas dirigidas a imponer medidas de control fiscal y, según señaló, establecer la ruta para la reconstrucción económica del país.

Sim embargo, muchas de las iniciativas de control del gasto gubernamental anunciadas no se distancian de lo decretado por la pasada administración tras la aprobación, en junio de 2014, de la Ley 66 (Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico).

De conformidad a esa ley, el anterior gobierno declaró un estado de emergencia fiscal ordenando, entre otras cosas, la reducción de la contratación de servicios profesionales y comprados, disminución en la nómina de empleados de confianza, controles para la ocupación de puestos vacantes, flexibilización para efectuar destaques o traslados y restricciones sobre concesión de aumentos en beneficios económicos a empleados públicos.

Dispuso, además, prohibiciones respecto a escoltas, viajes y contratación de servicios, mientras se alegaba que el Estado establecería un plan de reducción de gastos y contratos por concepto de arrendamientos.

Poco sabemos del saldo neto de esas acciones —y si, en efecto, se realizaron tal cual se propusieron— más allá del peso que algunas de esas medidas provocaron en el bolsillo de los sectores trabajadores y productivos del país.

Con la aprobación de la Ley 66 también se retomó el debate sobre la creación de empleos como uno de los objetivos estratégicos del gobierno. En aquel entonces, algunos representantes del sector privado aprovecharon la ocasión para incidir en la mesa de discusión pública impulsando medidas para flexibilizar las leyes laborales del país, lo mismo que ocurre en nuestros días.

Hace años sectores gubernamentales y empresariales han cabildeado por establecer nuevas reglas para regir la economía, buscando viabilizar un mercado en el que los agentes económicos que representan al capital asuman menos compromisos laborales y sociales. Nos hablan desde el lenguaje de una nueva racionalidad de la economía, en el que la flexibilización, zurcida al discurso de la globalización, es la orden del día.

En ese sentido, hemos escuchado una y otra vez a ciertos representantes del sector privado insistir en que una de las “dificultades” que enfrentan para la producción de empleos es la “estricta” regulación en las normas laborales que, han subrayado, colocan a los grandes empresarios en una alegada desventaja competitiva. Ese perjuicio impide, insisten, que la isla sea eficaz en atraer nuevas inversiones que produzcan oportunidades de empleo.

Muchos empresarios han focalizado este debate argumentando que el ordenamiento legal vigente representa una carga económica significativa para los negocios que operan en Puerto Rico, razón por lo que se aboga, en voz alta e insistentemente, en flexibilizar las leyes laborales.

De concretarse esa intención, como han vaticinado expertos, retrocederíamos a las prácticas del viejo capitalismo en el que el trabajo se definía como “a destajo”, que es lo mismo que decir “remunerado por pieza o por ejecución de tareas”.

El destacado sociólogo Zygmunt Bauman ha advertido que las intenciones ocultas tras los reclamos de flexibilización laboral se dirigen “a deshacer los hábitos del trabajo permanente, cotidiano, constante y regular”, cuyo resultado será la imposición de una nueva cultura de trabajo —entonces flexible— que cercenará las costumbres laborales de trabajar en un lugar fijo, a diario y con horarios estables.

Con esta práctica también se amortiguará la estabilidad de los salarios y de otros beneficios laborales que, durante por varias décadas, han sido disuasivos importantes para incentivar la productividad y el deseo en la gente de trabajar, aunque desde la óptica empresarial son vistos como distensiones que impiden que alcancemos altos niveles de competitividad en un mundo globalizado.

La clase política que hoy inicia los trabajos legislativos debe tener presente que desreglamentar nuestro ordenamiento laboral no hace bien si queremos desarrollar nuestra economía. Empobrecer más al sector trabajador, ya sea mediante políticas austeras o medidas de flexibilización laboral, tendría efectos adversos en nuestra sociedad y, como han presagiado expertos economistas, no redundará en la creación de más empleos y solo logrará profundizar más la desigualdad y la crisis económica.