Perdones e indultos

Lea la columna de Julio Rivera Saniel.

Perdones e indultos

Hace unas semanas conversaba con el saliente gobernador Alejandro García Padilla. De esas pláticas que cada cuatro años es saludable hacer para conocer el ánimo con el que los gobernantes abandonan su cargo. Se trata de encuentros que sirven de mucho para conocer cómo los líderes se ven a sí mismos, sus desaciertos y aciertos. Y Alejandro García Padilla colocó en esta última lista los pasos tomados por su administración en materia de derechos humanos y civiles. La aprobación del derecho a abrir cuentas en bancos, la obtención de licencias de conducir especiales para inmigrantes independientemente de su estatus migratorio, la firma de leyes como la 238 para prohibir el discrimen por orientación sexual en el empleo, la política pública sobre equidad de género en las escuelas y la habilitación mediante orden ejecutiva del uso medicinal de la marihuana ante el conservadurismo de legisladores rojos y azules son, a la luz de expertos en derechos civiles y salud pública, pasos de avanzada.

Esos pasos y su carácter progresista contrastan, sin embargo, con el mensaje que envían al país los indultos firmados por el gobernador en las últimas semanas. Sí, es cierto que todos los gobernantes han dejado a su salida abultadas listas de indultos. También es cierto que el perdón ejecutivo es invariablemente objeto de controversia. De igual manera que el sistema correccional debe tener como fin último la reinserción de los transgresores de la ley a la libre comunidad. Todo ello es cierto. Pero también lo es el hecho que semejante poder debe ser utilizado con prudencia y que cada uno de los indultos envía —se quiera o no— un mensaje sobre el balance entre el uso del poder, la tolerancia del Estado ante los delitos y la influencia del elemento político partidista en la toma de decisiones.

Y ese parece ser el problema con algunos de los indultos firmados por el gobernador. ¿Qué proceso racional hizo concluir al saliente primer ejecutivo que dos convictos por delitos sexuales con claros vínculos con su partido, un exalcalde procesado por corrupción y un hombre que mató a dos personas borracho era una buena idea? El ejecutivo insiste en que sus indultos fueron el resultado del análisis y ponderación de los casos. Pero, para un gran sector del país, tales indultos son inadecuados y envían un mensaje peligroso. La molestia del sector feminista era anticipable y con razón. Extender la clemencia ejecutiva a los exalcaldes Edgardo Arlequín, de Guayanilla, y Roberto Vega Monroig, de Adjuntas, ambos convictos por hostigar sexualmente a empleadas, ha dejado un mal sabor de boca. Parecería la confirmación de una noción ampliamente denunciada pero muy pocas veces admitida: que el acoso es tolerado en los círculos de poder, que el “hombre” tiene debilidades que deben ser “perdonadas” y que señalarlas no pasa de ser una “changuería”.

Algo similar sucede con el caso del publicista Edgardo Palerm. Convicto por matar con su vehículo y bajo los efectos del alcohol a José Antonio Irizarry Flores y su sobrino José Iván Irizarry Rodríguez. A pesar de haber sido condenado a 18 años de cárcel, nunca estuvo tras las rejas. O con el caso del exalcalde de Vega Baja Edgar Santa, convicto por corrupción y a quien se le concedió un indulto condicionado. El gobernador saliente aduce diversas razones para justificar sus indultos: “estaba rehabilitado” o “ya estaba en libertad; es algo simbólico” o “he indultado a otras personas”. El problema es que, mientras se promueve una política pública para la garantía de los derechos, intolerancia al acoso sexual, rechazo a la corrupción o al excesivo consumo de alcohol para conducir, esas políticas públicas sufren el riesgo de ser echadas a la basura con indultos como estos que, de paso, tienen como hilo conductor la cercanía de los indultados al activismo político. El discurso original de intolerancia a estas prácticas corre el riesgo de ser sustituido en el imaginario colectivo por esa antigua noción que afirma que “el que tiene padrino se bautiza”, con la consiguiente falta de fe en las instituciones y el cumplimiento de las leyes. Y eso, señores, es peligroso.