El disparo de salida ya se dio, como el que se escucha en una carrera de atletismo.
Después de mucha discusión, análisis, proyecciones, vistas, sesiones, debates y un evento electoral, la Junta de Control Fiscal, creada por el Gobierno de Estados Unidos, para “estabilizar” las finanzas públicas de Puerto Rico ha trazado el mapa que tiene que seguirse.
El abogado y analista Iván Rivera llamó muy correctamente como el D-Day el que se vivió el martes cuando no solo habló la Junta, también lo hizo el task force congresional que creó PROMESA para elaborar alternativas de desarrollo económico para la isla. Tiene toda la razón. Esta semana se produjo lo que tanto se esperaba: la receta ordenada por el Gobierno federal al local para que ejecute ya. La Junta le dio hasta el 15 de febrero al gobernador electo, Ricardo Rosselló, para que traduzca en órdenes ejecutivas y leyes las sugerencias precisas que han hecho.
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Muy astutamente, y con cierta razón, el gobernador entrante, Rosselló Nevares, reaccionó rápido a la carta enviada diciendo que, cuando la leyó, era como estar viendo su Plan para Puerto Rico. Con su discurso evitó que se le marcara desde temprano como un subalterno de la Junta federal, aunque en la práctica y basado en el marco legal que la creó, sea así.
Ni las sugerencias de la Junta ni las medidas que tome Rosselló deben escandalizarnos.
Washington ya había dado señales en esta dirección desde que se comenzó a considerar PROMESA a principios de año, y aquí en la isla el clamor ciudadano era para que se aprobara la ley. Mientras, Rosselló fue claro en las acciones que tomaría, hablando del “empleador único”, de pagar la deuda y de más alianzas con el sector privado, entre otras cosas, y todo eso fue avalado en las urnas.
No podemos ahora asumir el bochornoso papel que están exhibiendo algunos sectores de la sociedad estadounidense que parecen creer que viven una pesadilla tras la elección de Trump.
Aquí las encuestas populares demostraban un respaldo a la creación de la Junta y no hubo protestas mayores. El gobernador y el comisionado Pierluisi la respaldaron. De la misma forma, la clase política dominante fue tímida en la oposición que encausaron. La sociedad civil calló en términos generales mientras se debatía el tema. Sospecho que todos, deep inside, añoraban ver al tío Sam con un látigo corriendo detrás de los políticos nativos. Nada más lejos de la verdad. La Junta ha recomendado medidas drásticas que afectarán a la ciudadanía y procurará que los acreedores cobren. Rosselló, por su parte, ha dicho que hará lo que prometió.
El reto será ver cómo en el periodo corto que ha estipulado la Junta (2 de enero al 15 de febrero), la nueva administración articulará todo lo que se pide. Habrá que ver si las piezas legislativas que ya tienen listas para radicarse cumplen a cabalidad con las expectativas del organismo federal. El primer mes del gobernador electo será definitorio para su cuatrienio. A mi juicio, será quizás el mes más intenso de su administración. A ello hay que añadir que el task force del Congreso, al que se le encomendó elaborar opciones de desarrollo económico, no propuso medidas drásticas como la 245A, que pedían aquí como sustituta de la desaparecida sección 936.
Así que de nuevo estamos solos, y le toca al gobernador Rosselló tan pronto jure comenzar a trabajar con un balance entre lo que pide el Gobierno federal y el mejor interés público en nuestra isla.
